La pasividad o complicidad de los Gobiernos no democráticos, causa del 'desastre Rumasa'

La ponencia elaborada por la Comisión Investigadora del Congreso de los Diputados ha llegado a la conclusión de que las desastrosas repercusiones políticas, sociales y económicas del caso Rumasa sólo se explican por "la pasividad y, en ocasiones, la complicidad e incluso el apoyo explícito de los Gobiernos anteriores a 1977". El punto de partida de la expansión incontrolada del holding de la abeja se establece en 1969, siendo ministro de Hacienda Juan José Espinosa San Martín, por lo que las responsabilidades arrancan en el decimotercer Gobierno de Franco y abarcan también los períodos de Luis Carrero Blanco, Carlos Arias Navarro y el primer Gobierno de Adolfo Suárez.

Así pues, el primer Gobierno no incluido en estas responsabilidades es aquel en el que figuraba como vicepresidente económico del Gobierno Enrique Fuentes Quintana, y Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda. El presidente de la comisión es el socialista Luis Berenguer, anteriormente militante del ala socialdemócrata de Unión de Centro Democrático (UCD) y del Partido de Acción Democrática, cuyo presidente fue precisamente Fernández Ordóñez. La comisión se reúne hoy a puerta cerrada para estudiar la ponencia. Es posible que a sus conclusiones se oponga el Grupo Popular con un voto particular sobre ellas.Las conclusiones señalan que desde que en 1969 Ruiz-Mateos adquirió los bancos de Siero y Murciano con unas ayudas del Banco de España superiores a los 1.170 millones de pesetas, hasta la etapa de Enrique Fuentes Quintana como vicepresidente económico del Gobierno, "la actitud de los rectores de la política económica española durante ese largo período de tiempo se caracterizó por el favorecimiento activo de la expansión de un grupo absolutamente desconocido en lo que se refiere a sus objetivos y a su solvencia". Para la ponencia parece claro que esta actitud fue asumida por los diferentes Gobiernos de la época, que, "en Consejo de Ministros, acordaron la concesión de tales apoyos a José María Ruiz-Mateos".

El resto de conclusiones elaboradas a partir del informe señala el carácter anómalo del fenómeno Rumasa -gestión centralizada en Ruiz-Mateos, crecimiento con dinero ajeno y no con capital propio-; el freno que supone la política antiinflacionista iniciada a partir de 1977 y el incremento de la presión del Banco de España sobre el grupo para que deje de comprar y clarifique sus cuentas; el incremento de las pérdidas, que eleva el déficit patrimonial a 260.000 millones de pesetas, y la toma de posición del Gobierno surgido de las elecciones generales que decide la expropiación, que, en su opinión, ha sido reconocida como la única con el paso del tiempo. Por otra parte, Ruiz-Mateos permanece en Franefort a la espera de la decisión de los tribunales de la RFA sobre su extradición. Página 47