El Gobierno estudia la expulsión de dos policías implicados en 'vigilancias especiales'

Las autoridades policiales de Barcelona han elevado al Gobierno un informe sobre dos inspectores que presuntamente participaban en operaciones de vigilancia de polígonos industriales del cinturón de Barcelona, fuera de su horario laboral cobrando directamente de los empresarios por estos servicios. Se trata del subcomisario José María Figa García y el inspector Ricardo Gómez Garcimartín, cuyos nombres sólo pudieron ser conocidos a última hora de ayer. La decisión sobre este caso está pendiente de una resolución del Consejo de Ministros, que habrá de pronunciarse respecto a si los dos inspectores de policía son expulsados del cuerpo, según fuentes oficiales.Otros inspectores y algunos policias nacionales han sido objeto de distintas sanciones, entre ellas arrestos de corta duración, por su implicación en las denominadas vigilancias especiales. En total han sido expedientados unos 30 agentes, pese a lo cual la práctica de estas vigilancias irregulares sigue vigente.

Un alto mando de la policía barcelonesa afirmó que todas las sanciones aplicadas y las que se dictarían contra las nuevas irregularidades que puedan ser descubiertas "serán ejemplarizantes". La misma fuente aseguró que la investigación sobre estas personas ya está cerrada. Las autoridades gubernativas anunciaron a su vez que están dispuestas a iniciar nuevas investigaciones si aparecen más denuncias.

El número de empresas del Baix Llobregat que pagan cuotas por el servicio ilegal de vigilancia especial, prestado por policías, supera las 300, según manifestaron a este diario empresarios afectados.

Algunos de estos empresarios han afirmado que las personas que ofrecen el servicio, por el que se pagan cuotas que oscilan entre las 10.000 y las 40.000 pesetas mensuales, se identifican siempre con sus credenciales policiales.

Más rentables

Esas mismas fuentes empresariales confirmaron que, a pesar de la apertura de aquellas investigacíones oficiales, las vigilancias especiales continúan prestándose en los polígonos industriales citados.Algunos de los empresarios consultados señalaron que desconocían la ilegalidad de este servicio. "Económicamente nos resulta más rentable contratar este servicio que mantener un sereno en la plantilla de la empresa", explicó el responsable de una empresa dedicada a la construcción.

Un empresario de Sant Boi señaló: "Desde que contratamos el servicio no hemos tenido más problemas, nunca nos han robado, ni tampoco hemos sufrido asaltos".

El mismo empresario explicó que los supuestos policías advierten a los empresarios sobre la conveniencia de mantener en secreto la prestación de estos servicios.

Esta fuente añadió que "los policías efectuan la vigilancia por las noches en sus vehículos particulares, concretamente en un Seat-127 y un Renault-8, y también en un Citroën-GS de color rojo y en un Seat-Panda de color blanco".