Moscoso insiste en la necesidad de crear un registro central de funcionarios

"La posibilidad de que los funcionarios cometan fraude contra la Administración será posible aún por mucho tiempo, dado que la única vía para llevar con rigor el sistema de incompatibilidades no podrá establecerse hasta tanto no se cree un registro central de funcionarios". El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, realizó ayer esta afirmación en el Senado, donde compareció ante la comisión encargada de los asuntos de su Departamento a petición propia.El ministro indicó que hasta el momento se han transferido a las comunidades autónomas 333.771 funcionarios y reconoció que el sistema de jubilación para el funcionariado, que obliga al retiro a los 65 años, ha sido traumático y no todo lo justo que el Gobierno hubiera deseado.

El ministro de la Presidencia expuso ante los senadores el desarrollo de la ley sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública, aprobada el pasado 2 de agosto, y se extendió sobre el afán de moralizar la vida pública que, según dijo, guía la acción de los socialistas.

El sistema de incompatibilidades y jubilación para funcionarios provocó la mayor parte de las preguntas de los senadores. Moscoso aseguró que en lo que respecta a los altos cargos de la Administración el rigor está siendo absoluto. La capacidad de controlar al resto del funcionariado se presenta como empresa harto difícil para la Administración. Hasta el momento se han examinado 30.000 expedientes y se han cruzado 700.000 nóminas, que han arrojado un resultado de 2.000 omisiones totales, en cuanto otros tantos funcionarios no habían declarado tener dos puestos de trabajo.

Conocer si uno de estos trabajadores realiza dos trabajos en el seno de la Administración central es el caso menos diricil de descubrir, no así cuando los trabajos se reparten en ayuntamientos, empresas públicas o comunidades autónomas. Respecto a estos casos dificiles, en una prueba piloto realizada para conocer si había funcionarios de la Administración central que también lo eran del Ayuntamiento de Madrid se han obtenido 500 casos positivos.

Las jubilaciones

La nueva ley de Medidas de la Función Pública obliga a la jubilación a los 65 años, y el hecho de que gran parte de este colectivo haya programado su futuro con una jubilación prevista a los 70 años fue objeto de especial preocupación por los senadores del Grupo Popular. Los funcionarios no perciben su jubilación como el resto de los trabajadores acogidos al sistema general de la Seguridad Social, sino que perciben únicamente el sueldo base.Javier Moscoso reconoció lo injusto de esta situación al tiempo que consideró insuficiente el incentivo económico que se ofrece a los funcionarios para que dejen la Administración central, es decir Madrid, y se trasladen voluntariamente a las comunidades autónomas. "Nos estamos resistiendo a la transferencia forzosa, pero no descartamos que en última instancia lo tengamos que hacer", afirmó el ministro.