Ingresan en prisión tres promotores de una urbanización ilegal de Mejorada, procesados por presunta estafa

Epifanio Legido, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, ha dictado orden de procesamiento y de prisión provisional comunicada e incondicional contra J. A. R., J. M. S. y J. C. S., propietarios de Girsa, promotora de la urbanización Villaflores, en el municipió de Mejorada del Campo, a 18 kilómetros de Madrid. La actuación judicial es consecuencia de la denuncia presentada por 84 compradores de parcelas a causa de presunta estafa. La urbanización Villaflores ocupa 130 hectáreas, comprende 242 parcelas y no cuenta con licencia de construcción ni de urbanización de ningún tipo.

El apoderado de la sociedad, J. S. J. L. , está también procesado, aunque evitará la prisión provisional si deposita una fianza de 500.000 pesetas. Aunque en el auto no figuran los nombres de los tres principales encausados, los datos del Registro Mercantil permiten identificarlos como Julio Ayuso Ruiz, José Manuel Sánchez y Julio Cano Sánchez.La denuncia por presunto delito de estafa fue presentada por 84 compradores de parcelas, que pagaron en total unos 53 millones de pesetas. El auto de procesamiento, de fecha 18 de febrero, estipula también el pago de una fianza mancomunada y solidaria de 100 millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles a que hubiera lugar.

El auto señala que los tres principales encausados adquirieron tierras en Mejorada del Campo, y que, "aun siendo rústicas de secano, segregaron parcelas" para su venta posterior y, "de común acuerdo, decidieron lanzar al mercado inmobilliario la propaganda, haciendo creer a futuros compradores de parcelas que podrían convertir las adquiridas en fincas de regadío y edificar en ellas un pequeño chalé".

Jesús Morón, viceconsejero de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid, afirmó ayer que la resolución constituye un importante paso hacia el objetivo de la comunidad autónoma de atajar el fenómeno de las urbanizaciones ilegales, situadas todas ellas en terreno rústico. Es también un precedente importante, aseguró el portavoz, porque marca el camino a seguir por los compradores de parcelas afectados, "que no es presionar a los ayuntamientos y a la Admistración regional para legalizar una ilegalidad, sino denunciar a unos promotores que se benefician económicamente a su costa".

Delito urbanístico

Morón añadió que el auto de procesamiento es también un primer paso para que el delito urbanístico se tipifique como tal en el Código Penal.La urbanización Villaflores figura en el catálogo de 107 urbanizaciones ilegales editado por la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Ocupa 130 hectáreas de suelo calificado como rústico y, por tanto, no urbanizable, divididas en 242 parcelas de unos 3.000 metros cuadrados cada una, que se pusieron a la venta al precio de 750.000 pesetas. Según los datos del catálogo, se han construido hasta ahora 25 viviendas y otras 29 se encuentran en diferente fase de construcción, aunque el Ayuntamiento de Mejorada ha denegado sucesivamente las licencias de movimiento de tierras, de urbanización y de construcción, además de haber ordenado, infructuosamente, la paralización y demolición de las obras de infraestructura acometidas. En Mejorada del Campo existen otras cuatro urbanizaciones consideradas ilegales.