Carmen Mestre asegura que todas las eléctricas podrán repartir dividendos superiores al 8% si intercambian activos

Carmen Mestre, directora general de la Energía, manifestó ayer que todas las empresas eléctricas podrán repartir un dividendo superior al 8% neto, a partir del ejercicio de 1985, si las compañías proceden en los próximos meses a materializar los intercambios de activos pactados con el Ministerio de Industria el pasado diciembre. En caso contrario, una orden ministerial que hoy aparecerá en el Boletin Oficial del Estado (BOE) limitará la distribución de beneficios hasta un 5% del valor nominal de las acciones en determinados casos.

El Ministerio de Industria y Energía ha enviado ya para su publicación en el BOE la mencionada orden ministerial, además de una resolución donde se concretan las compensaciones que las empresas deben facturarse entre ellas como consecuencia de sus intercambios de energía. La orden ministerial modifica el plan de saneamiento financiero del sector eléctrico anunciado el pasado año y establece uno nuevo para los tres próximos años, a partir del ejercicio de 1985.Las consecuencias más importantes para el sector de este plan es que las empresas tendrán que destinar a amortizaciones y cobertura del riesgo de cambio del doble de la cantidad que, a ese fin, dedicaban en los años precedentes, a riesgo de verse privadas de un 3,4% de su facturación por ventas y de tener que reducir obligatoriamente sus dividendos.

Según explicaciones ofrecidas por la propia Mestre y el secretario general de la Energía, Martín Gallego, la orden ministerial establece tres tipos de requisitos para acogerse al plan financiero. Si estas condiciones no se cumplen, la limitación en la distribución de dividendos será, en los dos casos hipotéticos planteados, del 5% y del 8% neto. Para las empresas que lo cumplan, la distribución de dividendos será libre.

Tres requisitos

Los requisitos son divididos por la orden en tres tipos: mínimos, adicionales e informativos. Los primeros establecen que las empresas destinan el 3,4% de la facturación por ventas englobadas en tarifas a los siguientes fines: - "La aplicación de fondos por el concepto de amortizaciones debe suponer la reducción en un tercio de la posible diferencia entre los coeficientes de amortización implícitos en las vidas útiles" ya establecidas previamente por el ministerio en la Resolución del 10 de julio de 1984. Esto supone recuperar en tres años los defectos de amortizaciones acumulados en el pasado.

- "El límite de activación de gastos financieros derivados del endeudamiento genérico" de las empresas "no podrá superarse en más de un 30% de su cuantía, a final del ejercicio de 1985".

- "El límite de activación de diferencias de valoración en moneda extranjera derivados del endeudamiento genérico (...) no podrá superarse en más de un 30% de su cuantía, a final del ejercicio de 1985. Si este límite fuera cero, la suma total de diferencias de cambio activadas en dicho ejercicio y de gastos capitalizados durante el mismo no podrá superar el límite de estos últimos en más de un 30% de su importe".

En pocas palabras, estas condiciones significan que las empresas tendrán que recuperar en tres años, a un tercio por año, de todos los defectos de amortización, activación de intereses y cobertura de riesgo de cambio que se consideró como tales en la resolución de la Dirección General de la Energía del 10 de julio de 1984.

Pero, además, la orden ministerial mantiene la vieja limitación en distribución de dividendos (al 8% neto) para las empresas que incluso hayan cumplido esas condiciones mínimas. Se trata de las denominadas adicionales y que contemplaba el plan financiero ahora abandonado: que los pagos por dividendos sean iguales o inferiores a los fondos captados por ampliaciones de capital y que el endeudamiento neto sea inferior a la inversión real realizada en el año.

Por último, las empresas eléctricas tendrán que enviar al ministerio de Industria, 15 días después de celebrada su junta general o el 15 de mayo, como fecha tope, de un estado de cuentas que refleje el cumplimiento de estos requisitos para su posterior visto bueno. En caso contrario, se interpretará que las empresas no se acogen al plan financiero y, por lo tanto, tendrán que entregar en una cuenta intervenida por UNESA el famoso 3,4% de la facturación.

Para Carmen Mestre, la confusión que esta orden ministerial haya podido producir en el sector eléctrico no tiene justificación, ya que, en su opinión, todas las empresas podrán cumplirlo si proceden a materializar dentro de este año los intercambios de activos que se negociaron con el ministerio a lo largo de 1984. "Sin intercambios de activos -admitió Mestre- la orden va a suponer más de un quebradero de cabeza para alguna empresa".

En medios del sector se considera que el cumplimiento de la orden ministerial planteará problemas a todas las empresas, a menos que se deje algún tipo de resquicio contable en la elaboración de los balances anuales, tal como pudo suceder el pasado año. De todas formas, se da por descontado que las empresas se acojerán al mismo.