Un concejal socialista en prisión y 19 procesados al descubrirse una red de prostitución de menores
Santiago González, concejal socialista y teniente de alcalde de Burjasot (35.000 habitantes), ha ingresado en prisión como presunto implicado, en calidad de cliente, en la red de prostitución de menores descubierta recientemente en Valencia. Hasta el momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, José María Tomás, ha procesado a 19 personas por sus relaciones con la red de prostitución, 15 de las cuales se encuentran en situación de prisión incondicional.
El juez José María Tomás manifestó ayer que el concejal no está procesado, pese a encontrarse en prisión, debido a que goza de fuero especial como cargo público y su eventual procesamiento debe acordarlo la Audiencia Provincial. Ayer fue remitido el sumario a la Sección Segunda de la Audiencia y se espera que hoy decida si se procesa o no a Santiago González.Al ser descubierta la red de prostitución de menores por el Grupo de Policía Judicial a finales del pasado mes de enero, se dictó el procesamiento de 11 personas, 10 de las cuales ingresaron en la cárcel Modelo de Valencia por haberse dictado contra ellas auto de prisión incondicional. El único de que no está en esa situación es Vicente Tortosa por hallarse en paradero desconocido.
Entre los procesados en un primer momento están los que se considera como principales responsables de la red: Olegario Ballesteros y los hermanos Francisco y Arturo Carrasco Picazo. Este último era, al parecer, el director del negocio.
Las declaraciones de las niñas prostituidas que han sido localizadas -dos de 14 años y cuatro de 15- y su participación en identificaciones de presuntos implicados han conducido al procesamiento de ocho personas más, a las que ayer se notificó su situación.
Se trata de Rosa María Prima, titular de un establecimiento en el que las menores ofrecían sus servicios, Tomás Laserna, Manuel Martínez, Enrique Aguilella, Julián Rosell, Arturo Olivares, Vicente Bellver y José Manuel Núñez. Contra los cuatro primeros se ha dictado auto de prisión incondicional. A los restantes se les han fijado fianzas de 300.000 a 500.000 pesetas.
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