El Consejo del Poder Judicial teme que la huelga de celo bloquee los juzgados

"Compañeros, cumplid la ley". Este es el lema, profusamente distribuido ayer en los juzgados de la madrileña plaza de Castilla, con el que el Sindicato Libre e Independiente de Funcionarios de la Administración de Justicia convoca una huelga de celo indefinida a partir de mañana, en respuesta a las iniciativas gubernamentales contra las corruptelas económicas en los juzgados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizó ayer los riesgos de colapso en los juzgados y el Gobierno estudiará hoy un proyecto de decreto que acaba con los cobros a los particulares en concepto de salidas.

Al término del pleno extraordinario del CGPJ, celebrado ayer para tratar de la huelga de cele de los funcionarios judiciales fuentes oficiales del órgano de gobierno de la justicia recordaron que estas reuniones son secretas y que no había ninguna información que dar. Sin embargo, según pudo saber este periódico, el pleno del CGPJ acordó transmitir instrucciones a los jueces en relación con el conflicto y mantenerse a la expectativa de los acontecimientos.El problema analizado por el CGPJ es que, al plantearse la huelga como cumplimiento de la ley, no es posible, en principio y en teoría, oponerse a ella, aunque existe el peligro de que se colapse la tramitación normal de los asuntos y de que los jueces y magistrados sean acusados por los funcionarios de incumplir la ley. Según fuentes de toda solvencia, actualmente sólo muy pocos jueces civiles de Madrid -entre ellos Manuela Carmena, Juan Saavedra, Román García Varela y Rafael Gómez Chaparro- celebran los juicios en las salas de justicia, mientras que en la mayoría de los restantes juzgados los celebran los oficiales en las secretarías.

Las instrucciones del CGPJ para que la ley se cumpla no habían llegado en la tarde de ayer al decano de los juzgados madrileños, Salvador Domínguez, quien manifestó a EL PAÍS que, en todo caso, "ante la disyuntiva entre colapso y corrupción, preferimos el colapso y el cumplimiento riguroso de la ley de Enjuiciamiento Civil". Domínguez informó que la última reunión de la junta de jueces civiles, celebrada el lunes pasado, acordó que en las suspensiones de pagos quede a la libre independencia del juez la determinación de los interventores y su remuneración.

En la misma reunión se descartó una propuesta de la magistrada Manuela Carmena para que el nombramiento de interventores en las suspensiones de pagos se realizara con el control de los colegios profesionales afectados.

Recibos ilegales

En cuanto a los recibos a los particulares, que la mayoría de los jueces civiles consideran legales expedidos por el secretario con el visto bueno del juez, el Gobierno estudia hoy un proyecto de decreto preparado por el Ministerio de Justicia en el que se deroga expresamente toda posibilidad de que los particulares paguen los gastos de locomoción de los funcionarios de los juzgados y se elimina la percepción de dietas por salidas dentro de la propia ciudad. Si prospera este decreto, los gastos de locomoción serán, ya sin lugar a dudas, a, cargo del Ministerio de Justicia, que, en principio, sólo facilitará la utilización de los transportes públicos colectivos. Según el proyecto de decreto, para el abono de taxis será necesaria la autorización motivada del titular del juzgado.

Domínguez informó que el Ministerio de Justicia ha aceptado "versallescamente", dijo, "los criterios del decanato sobre la instalación del segundo juzgado de guardia y ha desistido de su intento inicial de desmantelamiento de los servicios de informáltica y estadística del edificio de los juzgados".