Las cifras son la gran incógnita

El principal objetivo de la nueva ley de Incompatibilidades no es crear empleo, aunque liberará puestos de trabajo, ni ahorrar dinero público, sino principalmente incrementar la eficacia y la moralidad de la Administración, según Francisco Ramos, secretario de Estado para la Función Pública.En segundo lugar, se intenta garantizar la neutralidad de los funcionarios en el ejercicio de su tarea, y finalmente, se trata de colaborar a la ordenación del mercado de trabajo. La Administración no cree que el sistema de incompatibilidades genere numerosos puestos de trabajo, porque son una minoría quienes tienen dos o más empleos en el sector público.

Francisco Ramos es, en su condición de secretario de Estado para la Función Pública, el máximo responsable de las incompatibilidades, después del ministro de la Presidencia, Javier Moscoso; pero la aplicación de la norma en la práctica es tarea de la Inspección General de Servicios. (IGS), organismo que se creó en diciembre de 1982. La propia IGS subraya que una de las diferencias fundamentales entre la nueva ley y la de 1982 es que ahora este organismo centraliza todo el proceso y es el único que, sobre la declaración que deben realizar los afectados, decide.

El propio ministro Moscoso dijo el pasado día 11 que es imposible por ahora conocer exactamente el número de quienes tienen más de un empleo. Las cifras son, en efecto, la gran incógnita del problema. La Administración calcula que el colectivo sobre el que se aplica la ley suma unos 2.072.000 funcionarios, a los que habrá de añadirse los empleados de empresas públicas. Pero la cifra de posibles incompatibles no se conoce ni por aproximación. La ley de 1982 se aplicaba a 1.675.000 funcionarios, aproximadamente, y sólo unos 35.000 hicieron declaración de incompatibilidad. Como mucho, fuentes de la Administración y sindicales aventuran que la cifra se acercará a uno o dos cientos de miles, o sea, el 10% del colectivo afectado.

Contra los posibles intentos de ocultación, la IGS cuenta con un ordenador -al que llaman Rita- que puede cruzar datos y detectar el engaño. Un decreto que se aprobará en unas pocas semanas obligará a los habilitados de cada departamento a remitir a la IGS, cada mes de marzo, una copia de la nómina del departamento. El que sea descubierto, deberá devolver al Estado el sueldo cobrado irregularmente. Según Javier Valero, jefe de la IGS, este organismo recuperó el año pasado por este concepto unos 12 millones de pesetas, y cada departamento ministerial, una media cercana a esa misma cantidad.