Los mineros británicos logran que su huelga sea debatida hoy en la Cámara de los Comunes

Por primera vez desde el comienzo de la huelga minera, hace casi un año, la Cámara de los Comunes debate hoy el conflicto laboral más importante del Reino Unido desde el final de la II Guerra Mundial, en medio de un pesimismo generalizado sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo negociado que ponga fin a la disputa en un próximo futuro.

El debate se inicia cuando las posiciones del Sindicato Nacional Minero y la Empresa Nacional del Carbón se encuentran tan alejadas como el primer día de la huelga a consecuencia del fracaso, la pasada semana, de unas conversaciones preliminares encaminadas a elaborar un orden del día aceptable para las dos partes.La Empresa Nacional del Carbón, fuertemente apoyada por la primera ministra, Margaret Thatcher, se niega a iniciar conversaciones en tanto no reciba una garantía escrita por parte del sindicato de que el tema del cierre de los pozos no económicos será incluido en las negociaciones. Por su parte, el sindicato aduce que tal garantía equivaldría a dar un cheque en blanco a la empresa nacionalizada para proceder a su antojo a la reestructuración de la industria minera.

En el fondo de las acusaciones y contraacusaciones de una y otra parte yace el verdadero meollo de la cuestión. La huelga minera británica no es un simple conflicto laboral, sino una verdadera batalla política entre el Gobierno conservador de Margaret Thatcher y el sindicato más militante del Congreso Sindical británico, una lucha que decidirá en el futuro las relaciones entre la Administración y los sindicatos.

Desde su llegada al poder, en mayo de 1979, Margaret Thatcher se propuso limitar el poder del sindicalismo británico y, concretamente, del sindicato minero, responsable, con su huelga del invierno de 1973, de la caída del Gobierno conservador de Edward Heath. Fruto de esas intenciones fueron las leyes laborales de 1980 y 1984, por las que, entre otras cosas, cualquier huelga que no hubiera sido sometida a votación secreta -y no a mano alzada, como era costumbre hasta entonces entre los sindicalistas- sería declarada ilegal.

El combativo Seargill

El combativo presidente de la National Union of Miners, Arthur Scargill, se negó en marzo pasado a realizar una votación secreta entre los mineros antes del comienzo de la huelga, por lo que el conflicto fue declarado ilegal. El Reino Unido presenció e el otoño pasado el despliegue policial más impresionante de su historia, cuando fuerzas del orden de todos los condados del país, que se enorgullece de tener las policías locales más independientes del mundo, fueron enviadas de forma masiva a las diferentes zonas mineras para enfrentarse a los piquetes que impedían el libre acceso a las minas de los trabajadores que no se unieron al paro.

La celebración del debate de hoy en la Cámara de los Comunes supone un triunfo para la izquierda radical del Partido Laborista. Ésta ha hecho dos plantes en los Comunes hasta conseguir que el líder del partido, Neil Kinnock, acceda a sus deseos.

De acuerdo con el reglamento de la Cámara, cada partido tiene asignado un tiempo para los temas que desee debatir y, hasta ahora, Kinnock se había resistido a la celebración de un debate sobre la huelga, ante el temor de que el Gobierno se aproveche del rechazo general que la violencia de los piquetes ha provocado en el público británico.

La debilidad de la libra, el aumento de los tipos de interés, la aparente desorientación en la política económica del Gobierno y el incremento de los ataques contra Margaret Thatcher por parte de importantes comunidades del país, como la académica, han hecho cambiar de opinión al líder de la oposición. Kinnock intentará montar hoy un ataque en toda regla contra "los intentos obstruccionistas" del Gobierno para impedir un acuerdo entre el sindicato minero y la empresa nacionalizada del carbón. Pero el Gobierno no oculta sus intenciones.

En unas declaraciones al canal 4 de la televisión, la propia Margaret Thatcher ha advertido que no está precisamente a favor de una fórmula de compromiso que ponga fin a la huelga minera. "No puede haber compromiso con la intimidación y la violencia", ha sido el claro mensaje a la ejecutiva del sindicato minero por parte de la primera ministra.