Hacia un teatro totalitario

EL CIERRE del teatro Pavón de Madrid, a los cinco días de una inauguración proclamada y esperada, por el fracaso de la obra estrenada, Buenos, se emparenta con el de La ronda, en otro teatro madrileño, el Bellas Artes, esta misma temporada. El punto común es que los dos teatros están concertados, o sea que gozan de un régimen especial de protección por parte de la Administración central, a cambio de ciertas condiciones estimadas como culturales y sociales: el dinero del Ministerio de Cultura no es, por tanto, una garantía de permanencia si el público no acude. Y lo que se ha perdido no es de unos empresarios, sino de todos. En el segundo de estos dos casos, los perceptores del beneficio estatal habían incumplido reiteradamente las contraprestaciones; no sólo en esta empresa, sino en otras anteriores. La bondad de la Dirección General de Teatro al mostrar esta tolerancia es muy estimable desde el punto de vista humano, pero inquietante cuando se trata de administrar el dinero público, y cuando otras iniciativas se pueden ver privados de él.Es cierto que el éxito o el fracaso de una obra de teatro es imprevisible: en el caso de Buenos, toda la profesión teatral había denunciado previamente su inviabilidad, por una serie de factores conocidos, que la Dirección General no quiso escuchar. Pero el problema reside en si un funcionario o grupo de funcionarios debe tener calidad profética y capacidad para elegir a quién favorece o no, dónde está la verdadera cultura y cuál es el beneficío socio-cultural que puede haber detrás de cada proyecto.

Tanto por la manera de plantear el Gobierno su actuación en materia teatral, como por la forma parecida con que se está desarrollando en las autonomías en las que ha sido transferida esta competencia, estamos asistiendo insensiblemente a la creación de un teatro totalitario. El Ministerio o la consejería de turno no es sólo empresario de locales y compañías propios, sino que ínterviene decisivamente en el teatro privado. Es capaz también de manipular algunas masas de público -colegios, grupos de empresa, vales- en los casos en que no lo tienen. Y en el caso de Madrid, su disconformidad con el criterio de la opinión expresada en los periódicos lo resuelve creando su propio órgano de crítica e información, el periódico El Público, dedicado a exaltar su política y su gestión, y cuyos ejemplares reparte en gran número gratuitamente.

Hay que decir que las instancias oficiales tienen una objetividad crítica considerable en estas ayudas. El Ministerio de Cultura ha contribuido, por ejemplo, con la mitad de los gastos de producción de Diálogo secreto, de Buero Vallejo, que se está presentando como un alegato contra la gestión del Gobierno socialista. Pero puede no tenerla con personas o empresas, ya que lo que se ayuda con préstamos o subvenciones son proyectos, y en ellos representa mucho la personalidad o la fuerza de quienes los presentan. No se ha inventado todavía una forma mecánica de objetar la ayuda "al teatro", y mucho menos de discernir dónde reside la cultura y el interés social dentro del mismo.

Las iniciativas del Centro de Nuevas Tendencias, de Madrid, cuestan muchos millones que no responden a su interés y que confunden el genio minoritario con el lujo dispensado; las producciones y los calendarios del Teatro Nacional de la Zarzuela resultan administrativamente disparatados; el Centro Dramático Nacional ha multiplicado su carestía, aunque afortunadamente esté en estos momentos encubierta por la asistencia de público. La producción de espectáculos de gran prestigio a precios reducidos puede aparentar un valor social, pero sitúa a la empresa privada en un terreno de concurrencia en el que no puede mantenerse; si se la alucina con protecciones o subvenciones, pueden ocurrirle desastres; les ocurren de hecho, como acaba de demostrarse.

En torno a las ayudas de todas clases, surge una picaresca que se lanza sobre la Dirección General: las autonomías -que están teniendo en este aspecto de la cultura un carácter mimético del Estadop- repiten sus errores. En el caso de Cataluña, por ejemplo, frente a la penuria generalizada del mundo teatral, se están primando tambien montajes de prestigio, a veces tan desproporcionadamente caros como el de Una jornada particular, subvencionado directamente desde la Presidencia de la Generalitat, al margen de todo tipo de canales establecidos. Y lo mismo empieza a suceder con las ayudas que prestan los ayuntamientos o cualquier otro tipo de instituciones. En tanto, otros proyectos, otros nombres, otras empresas que no tienen por qué ser menos valiosos, se quedan al margen del reparto o incluso quedan perjudicadas no sólo por la competencia que actúa. primada, sino también por el colapso de escenarios, al quedar inaccesibles las salas privadas por los alquileres institucionales. No hay la menor sospecha de que en esta dilapidación de dinero haya ninguna deshonestidad oficial; pero sí las hay, y graves, de incapacidad.