El PSOE rechaza la inclusión del monte de El Pardo en el parque del Manzanares

Los diputados socialistas de la Asamblea de Madrid rechazaron ayer en sesión plenaria las enmiendas presentadas por el PCE y Coalición Popular al proyecto de ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que establece una protección ecológica y ambiental de la zona, que no incluye el monte de El Pardo. El PCE, a través de su portavoz, Manuel Rico, había propuesto que en el proyecto de ley se incluyera el monte, mientras que Coalición Popular defendió una reducción del ámbito recogido en la ley al actual parque natural de la Pedriza, más una franja de terreno situada al norte. El proyecto fue aprobado tras cuatro horas de debate.Rico alegó que el monte de El Pardo y los terrenos situados al norte de la tapia que circunda el monte hasta la Cuerda Larga, en la sierra de Guadarrama, forman un espacio continuo que no se puede separar. Carlos Argos, de Coalición Popular, afirmó que en la redacción del proyecto de ley no se había tenido en cuenta la vigente ley estatal de parques naturales, de 2 de mayo de 1975, que no prevé la figura de parque regional.

Eduardo Mangada, consejero de Ordenación Tertitorial y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, primero, y Lucas Reguilón, diputado socialista, después, afirmaron que a los socialistas les hubiera gustado poder incluir al monte de El Pardo en el proyecto de ley, pero reconocieron que la Comunidad de Madrid. no tiene competencias para administrar un territorio sujeto a la reglamentación de una ley estatal.

Mangada reiteró que el monte de El Pardo ya tiene una protección propia y que las amenazas al monte no proceden de su interior, sino del exterior, a través de las maniobras especulativas que podían ahogar a El Pardo "con una muralla de cemento". La protección de los terrenos que rodean El Pardo es la mejor protección para el propio monte, aseguró.

Acusaciones del Grupo Popular

Carlos Argos, en nombre del Grupo Popular, afirmó que el régimen jurídico que establece el proyecto de ley -que recoge la expropiación de los terrenos que el patronato considere de utilidad, pública-, es claramente confiscatorio y, por tanto, anticonstitucional, puesto que no se prevén las indemnizaciones correspondientes a los -propietarios privados.Francisca Sauquillo, por el PSOE, afirmó que Argos no distingue entre las expropiaciones de bienes, que sí deben ser indemnizadas, y las vinculaciones o limitaciones a la propiedad por necesidades colectivas -que es la expresión que se utiliza. en el proyecto de ley-, que no dan lugar a indemnizaciones.

A lo largo del debate Carlos Argos acusó al proyecto de invadir la autonomía municipal, desde el momento que establece que el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos deberá acomodar, se a las consideraciones que establezca en un futuro el Plan Rector de Uso y Gestión.

El diputado socialista Esteban Egea acusó a la derecha de que, con el pretexto de defender la autonomía municipal, se quiere dejar vía libre a la inicitiva privada de carácter especulativo, y puso como ejemplo que la corporación del Ayuntamiento de Colmenar Viejo anterior a las primeras elecciones democráticas había aprobado inicialmente un plan parcial en la denominada finca Los Ciervos, donde, en una extensión de 303 hectáreas, se querían construir 2.727 chalés. Este plan parcial fue congelado por la primera corporación democrática.

Egea añadió que solamente en el término municipal de Colmenar Viejo existen 3.000 hectáreas que ,están reservadas como cotos de caza y no para actividades agropecuarias, con lo que apuntó su sospecha de que detrás de las protestas de los ganaderos existan otros intereses ocultos.

Carlos Argos afirmó que su grupo no defiende intereses privados de ningún tipo y acusó al PSOE depresuponer una especie de maldad por parte de los ayuntamientos.

Por su parte, los ganaderos de Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo y otras localidades afectadas por el citado proyecto de ley han dejado en suspenso su amenaza de organizar una marcha sobre, Madrid, con sus rebaños al frente, tras la admisión, durante el debate en fase de poñencia, de algunas de sus alegaciones más importantes.