Probable consolidación en el poder judicial de la mayoría conservadora durante cinco años más

La inscripción formal de Jueces para la Democracia como asociación judicial en el registro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supone el inicio hoy de la cuenta atrás para la renovación de este órgano de gobierno de la justicia, cuyo mandato termina el 23 de octubre de este año. Fuentes de la citada asociación progresista temen que la elección de los 12 vocales de procedencia judicial se celebre por el vigente sistema electoral mayoritario, que consolidaría durante cinco años más a la actual mayoría conservadora del CGPJ.

La vigente ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de 10 de enero de 1980, establece que la elección de los 12 vocales de procedencia judicial -los ocho restantes corresponde elegirlos al Parlamento- "deberá convocarse con tres meses de antelación a la terminación del mandato del Consejo", es decir, el 23 de julio de 1985.El proyecto de LOPJ remitido por el Gobierno al Parlamento -actualmente en trámite de ponencia y pendiente todavía de los debates en comisión y pleno del Congreso y del Senado- establece la libre asociación de jueces y magistrados e introduce el procedimiento electoral proporcional, que permitirá la incorporación de las minorías.

Por el momento, Jueces para la Democracia se constituye hoy provisionalmente como asociación judicial, según la ley vigente, que exige la incorporación, en el plazo de seis meses, del 15% de la carrera judicial (unos 280 jueces y magistrados). Sólo si se alcanza este número de asociados, la minoría progresista podrá concurrir a las elecciones. En los anteriores comicios, celebrados en 1980, los 12 puestos de consejeros a votación fueron copados por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), única existente entonces. Al producirse en 1984 la escisión de las corrientes Jueces para la Democracia y la moderada Francisco de Vitoria -que todavía no han llegado a un acuerdo entre sí-, la victoria de la APM en 1985 tendría un signo aún más conservador que en 1980, ya que sólo queda en ella el sector ultraconservador, por otra parte mayoritario en la carrera.

Magistrados del Supremo

Los sectores judiciales y políticos progresistas y el propio Ministerio de Justicia contemplan con preocupación la próxima renovación del CGPJ. Junto al riesgo apuntado de que el sector ultraconservador de la judicatura obtenga la mayoría del CGPJ, en contraste con la mayoría socialista existente en los otros dos poderes del Estado -Parlamento y Gobierno-, se considera la importancia que para la justicia española significarán los próximos cinco años de mandato del CGPJ. Entre otras cosas y habida cuenta el régimen de jubilaciones que se establece en la LOPJ, durante esta etapa se renovará la cúpula judicial y, en concreto, serán designados los nuevos magistrados del Supremo.Jueces para la Democracia reprocha al PSOE el tiempo perdido desde su llegada al poder en 1982, a causa del cual el calendario para la posible incorporación de la minoría progresista al CGPJ se encuentra muy apretado y problemático. Sin embargo, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, aseguró a este periódico que la LOPJ estará en el Boletin Oficial del Estado en junio de este año, "a pesar del filibusterismo parlamentario que trate de realizar la derecha".

Zapatero se refirió, en concreto, a las peticiones de comparecencia de representantes del mundo judicial en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, solicitadas por el portavoz del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón, y a los anuncios de apurar los plazos y dilatar al máximo los trámites parlamentarios, con el pretexto del perfeccionamiento de la ley.

Entre las dificultades para lograr que la elección de los 12 vocales de procedencia judicial se celebre por el sistema proporcional, destaca el riesgo de que el Grupo Popular presente un recurso previo de inconstitucionalidad, que paralizaría la tramitación de la ley e impediría su entrada en vigor hasta que se pronunciara el Tribunal Constitucional. Para despejar este riesgo es necesario que el alto tribunal resuelva el recurso previo presentado contra el proyecto de ley que elimina el recurso previo. Por el momento, el Gobierno no ha sido emplazado para presentar las alegaciones contra el recurso admitido a trámite.