Justicia prepara una ley para impedir la circulación del dinero en los juzgados

El dinero dejará de circular en los juzgados si el Gobierno aprueba, y el Parlamento ratifica, el anteproyecto de ley de Tasas Judiciales, elaborado por el Ministerio de Justicia y que actualmente estudia el de Hacienda, dentro del paquete de medidas proyectadas por el departamento de Fernando Ledesma para acabar con la corrupción económica en la Administración de justicia. Asimismo, la magistrada Manuela Carmena destacó ayer a este periódico el efecto positivo de la entrada en vigor de la franquicia postal y telegráfica, pero echó de menos otras medidas prometidas por el Gobierno.

La eliminación de toda posibilidad de circulación del dinero en los juzgados ha sido considerada por el Ministerio de Justicia como una buena medida para evitar la corruptela económica. "Cuando los ciudadanos sepan que ningún funcionario judicial está autorizado por la ley para pedirles ni una sola peseta, será mucho más dificil que se produzcan percepciones ilegales", manifestó una fuente del citado departamento.La futura ley de Tasas Judiciales establecerá un mecanismo por el cual las cantidades que haya que pagar al Estado por el servicio, público de la justicia se abonarán ante la correspondiente delegación provincial de Hacienda, mediante una autoliquidación del justiciable. Otra novedad del anteproyecto es qué aumentará los casos de exención de tasas. Entre los procesos que quedarán exentos figuran los pleitos matrimoniales.

Mientras se produce la elaboración de esta ley -cuyo anteproyecto ha sido ya remitido al Ministerio de Hacienda y al Consejo General del Poder Judicial-, el Gobierno ha puesto en marcha otras medidas entre las que destaca la franquicia postal y telegráfica a partir del 1 de enero de este año. El artículo 69 de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985 establece que "las citaciones, notificaciones y emplazamientos que practiquen los órganos jurisdiccionales del orden civil, los exhortos que remitan, contesten o devuelvan y los mandamientos, oficios y exposiciones, para cuya tramitación se sirvan del correo, aun cuando sea certificado y con acuse de recibo, o del telégrafo, gozarán de franquicia postal y telegráfica".

Esta norma, por la que el Estado asume el coste de los preceptos de la ley de 6 de agosto de 1984 sobre reforma urgente de la ley de Enjuiciamiento Civil que se refieren a la práctica de diligencias postales y telegráficas, tiene como consecuencia principal la erradicación de la corruptela de los citeros. Mediante esta práctica, algunos funcionarios judiciales venían subempleando a personas ajenas al juzgado, que realizaban las diligencias a bajo precio, mientras que ellos percibían de los interesados importes mucho más elevados.

'Paseo' a buen precio

Recientemente, un agente judicial de Madrid ha llegado a cobrar a los particulares 300 pesetas por cada auto que su juzgado tenía que someter a informe del fiscal. Se da la circunstancia de que el juzgado se encuentra en la planta quinta del edificio de los juzgados y la fiscalía en la planta cuarta. Lógicamente, el funcionario solía acumular varios autos, con lo que se multiplicaba el rendimiento del paseo de ida y vuelta para el que, por supuesto, utilizaba el ascensor.Para los casos en que todavía sea necesario realizar desplazamientos fuera del juzgado, según informó Jesús Rubí, Jefe del Gabinete Técnico del ministro de Justicia, se han dado instrucciones a los decanatos de las generales ciudades para que los funcionarios judiciales utilicen gratuitamente los transportes públicos colectivo s, mediante unas tarjetas autorizadas por el Ministerio de Justicia.

Como complemento a estas medidas, el Gobierno prepara un decreto por el que se deroga expresamente la disposición a la que se acogían algunos funcionarios judiciales para percibir cantidades de los justiciables en concepto de salidas. Según informó a este periódico la magistrala Manuela Carmena, el ministro de Justicia, Fernando Ledesna, prometió el pasado año a una comisión del colectivo Jueces para la Democracia la inminente entrada en vigor de dicho decreto, en el que también se establecerá que las dietas por desplazamientos fuera del término municipal o el pago de los gastos le locomoción extraordinarios -taxi u otros- dentro del propio término, serán asumidos por el Estado y, en todo caso, nunca estarán a cargo de los particulares.

Ante la falta de aprobación de este precepto, entre los jueces y demás funcionarios de los juzgados de Madrid había circulado que el Ministerio de Hacienda había "echado abajo el decreto". Según Rubí, esto no es cierto, "ya que el proyecto de decreto, que tendrá que presentarse al Consejo de Ministros conjuntamente por los departamentos de Justicia y Hacienda, todavía no ha llegado a este último". El retraso se ha debido, al parecer, a las observaciones técnicas realizadas por el interventor del Ministerio de Justicia y la semana próxima se enviará a Hacienda.