Andreotti omite referencias a la fecha de ingreso de España y Portugal en la CEE

ANDRÉS ORTEGA ENVIADO ESPECIAL, La presidencia italiana del Consejo de Ministros de los diez sabe cuáles son los problemas, pero no tiene soluciones concretas que ofrecer. El ministro de Asuntos Exteriores. Giulio Andreotti al presentar ayer su programa ante el Parlamento Europeo para el primer semestre de 1985, pidió soluciones equilibradas para los países mediterráneos de la CEE y se subió claramente al carro de los programas integrados mediterráneos (PIM).

Aunque aseguró que la presidencia italiana "desplegará el máximo de esfuerzos para reunir todas las condiciones necesarias para llevar a bien, en el curso de los primeros meses de 1985, las negociaciones de adhesión", no precisé que los problemas hayan de quedar resueltos para la cumbre europea de marzo y omitió toda referencia al 1 de enero de 1986 para el ingreso de los países ibéricos.La propuesta principal para estos seis meses es la de decidir la fecha ulterior para la convocatoria de una conferencia intergubernamental que lleve a un tratado de unión europea, que en el mejor de los casos, como recordó la víspera el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, no entraría en vigor antes de 1988. Andreotti insistió en mejorar el funcionamiento institucional de la Comunidad, con claros gestos destinados a este Parlamento.

Problemas sin respuesta

El ministro italiano no aportó ninguna respuesta a los problemas pendientes de la CEE, lo que, ligado con el fracaso de la reunión del lunes y martes de los ministros de Agricultura y con la cancelación de una reunión sobre economía y finanzas, hace pensar a algunos observadores que la presidencia italiana no ha decidido aún qué ha de hacer.

Para solucionar la falta de presupuesto de la CEE para 1985 -tras el rechazo del proyecto por el Parlamento Europeo-, Italia propuso adelantar "unos meses" la entrada en vigor de los nuevos recursos financieros de la CEE. Andreotti reconoció que el Parlamento alemán aún establece un vínculo entre la ratificación de estos nuevos recursos y la de los tratados de adhesión de España y Portugal, por lo que una cuestión podría tirar de la otra.

Poco concreto fue sobre los nuevos precios agrícolas que hay que fijar antes de abril, pero habló mucho sobre la Europa de los ciudadanos, la convergencia económica y monetaria, el medio ambiente, los transportes o la lucha contra el paro. En cuanto al proceso de adhesión de España y Portugal, afirmó que los países del Norte se beneficiarían encontrando un nuevo mercado para sus productos continentales. ¿Y para los actuales países mediterráneos de la CEE? "Por nuestra parte, seguiremos obrando para que las soluciones a adoptar sean equilibradas, de manera que aseguren a los productores mediterráneos un nivel de ingresos remunerador", señaló Andreotti.

Para evitar estos inconvenientes a los países mediterráneos de la CEE habrá que acudir "temporalmente a mecanismos correctores adecuados", añadió Andreotti, refiriéndose a los PIM, y subiéndose así al mismo carro que Grecia, que subordina a una solución satisfactona de este problema la luz verde para la ampliación.

Andreotti pidió a los diez, y a España y Portugal, que se dediquen ahora a "lo esencial, dejando de lado lo secundario" y recordó que en la cumbre de Dublín Italia hizo gala de una gran flexibilidad en materia de vino. El capítulo pesquero, lo consideró como "especialmente importante en razón e la amplitud de los intereses económicos y sociales en juego" en los diez y en España y Portugal.

Respuesta en pesca

Precisamente ayer, los negociadores españoles entregaron en Bruselas una declaración sobre el capítulo pesquero, con objeto de que empiece a ser examinada por la CEE de cara a la sesión negociadora a nivel ministerial que se llevará a cabo los próximos días 28 y 29, según fuentes españolas.

En el documento entregado por los negociadores españoles, nuestro país pide que el período transitono para el sector guarde relación con los otros capítulos (de 7 a 10 años). La propuesta comunitaria pretende que el período transitorio sea de 10 años reducibles a 8 y ampliables a 15, dependiendo de la reforma de la política pesquera común.