La 'discrepancia' en la Iglesia

VEINTICUATRO RELIGIOSAS norteamericanas que firmaron el manifiesto de 97 mujeres católicas contra Reagan, en la última campaña electoral, sufren ahora expedíentes discíplinarios, impuestos por el Vaticano, y la amenaza de ser expulsadas de su congregación. Se oponían a que el candidato republicano utilizara su promesa de incluir en la Constitución la prohibición del aborto para atraer el voto de los católicos. Se trataba, pues, de un enfrentamiento con la apreciación política del Papa y de sus obispos. No es un caso único. En estos últimos años, varios sacerdotes religiosos han sido expulsados de su orden por criticar públicamente al Papa o a algún alto personaje del Vaticano. Hace unos días, el obispo de Astorga lamentaba la "cuestión sangrante" de más de 2.000 sacerdotes españoles que han contraído matrimonio civil ante la negativa reiterada de Roma a dispensarles del celibato. Es importante que hechos de este género sean conocidos, y que sean interpretados en sus justros términos, si bien menudean aún los españoles que se irritan cuando algún medio de comunicación ofrece la palabra a teólogos o grupos de cristianos discrepantes o informa del trato injusto que reciben de sus superiores.La libertad religiosa se concreta no pocas veces en la de expresión, constituye un derecho civil y está tutelada por nuestras leyes. Los viejos hábitos de una sociedad como la nuestra, acostumbrada a la confesionalidad oficial, pueden explicar el desamparo al que arroja la Iglesia a algunos de sus miembros más cualificados. Pero actitudes de este género abren, al mismo tiempo, un gran interrogante sobre el respeto de la Iglesia al ejercicio libre de la conciencia colectiva en el campo de las libertades públicas.

Es dificil permanecer indiferentes a la expansión creciente y alarmante de la autoridad disciplinaria en cuestiones que no son propiamente de fe, sino de apreciacíones y juicios prudenciales de la realidad política. En otras palabras, se está convirtiendo el magisterio doctrinal en diplomacia internacional y en instancia suprema de organización y disciplina. Se dogmatiza la acción política de los creyentes. Entre el magisterio y la autoridad pastoral existió siempre una tensión creadora. Porque los criterios para clarificar posturas disidentes en la fe (Papa, concilios, teólogos, pueblo) son por su misma naturaleza mucho más amplios que los que exige una acción monolítica concertada. De ahí que las discrepancias en cuestiones de fe no tienen por qué confundirse con medidas disciplinarias; ni la desobediencia de simples consejos o normas disciplinarias convertirse, como sucede ahora habitualmente, en cuestiones de fe.

El derecho al disenso en materia de prudencia o estimación política, básico para el ejercicio de un derecho ciudadano, lanza hacia la herejía o hacia el cisma a creyentes que para ser demócratas de pleno sentido tienen que sufrir la marginación de su comunidad religiosa. No es admisible que una monja norteamericana, por defender la Constitución que ha hecho posible la implantación del catolicismo en EE UU, se vea ahora privada de la comunión en la fe que ella vivió como germen de las libertades públicas. Llega la hora de poner en claro si la interpretación que hace la jerarquía eclesiástica del Evangelio es realmente germen de libertad o de disciplina de voto político. Porque un cosa es que la moral católica condene el aborto, y otra muy distinta que éste deba ser considerado como delito público en una nación que ha dado ejemplo de tolerancia con todas las creencias religiosas. Ejemplos penosos y abundantes de este intervencionismo excesivo de los obispos en la elaboración de nuestro ordenamiento jurídico, aquí en España, siguen confundiendo a nuestra opinión pública.

La declaración conciliar sobre la libertad religiosa comienza a sufrir severas restricciones en la interpretación de las altas esferas vaticanas, y ello puede renovar la vieja imagen de que la comunidad católica es incompatible con un auténtico sistema democrático.