Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de los derechos humanos en Libia

Libia practica, dentro y fuera del país, graves violaciones de los derechos humanos, según denuncia Amnistía Internacional (AI) en un documento que acaba de publicar la organización humanitaria.

AI expresa en el informe su preocupación por los asesinatos o intentos de asesinato de "opositores al Gobierno libio, tanto fuera del país como en Libia, por parte de personas que actúan cumpliendo aparentemente la política oficial del Gobierno", así como por el encarcelamiento de numerosos presos de conciencia, las interferencias del Ejecutivo en el ejercicio de la justicia, la práctica de la tortura y la aplicación de la pena de muerte para un número cada vez mayor de delitos.

La eliminación física de los enemigos de la revolución de 1969 que vivan en el extranjero y la de los elementos que en el interior de Libia se considere que están obstruyendo el cambio revolucionario por medios políticos y económicos se aprobó en febrero de 1980 por el III Congreso de los Comités Revolucionarios Libios. La declaración, recogida por los órganos de Prensa oficiales libios Nuevo Amanecer y El Maestro, no hacía sino desarrollar la "disposición a aplastar totalmente cualquier tentativa antipoder del pueblo", que se anunciaba al instaurar la autoridad popular en marzo de 1977.

Libia fue rebautizada entonces como Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, y se declaró la creación de una sociedad basada en el poder del pueblo, en la que se eliminaría toda estructura de Gobierno convencional, así como las formas de autoridad tradicionales.

El coronel Muanimar el Gaddafi se convirtió en "pensador revolucionario, líder y maestro" de la revolución. Para lograr la desinstitucionalización de la Administración del Estado se crearon unos cuerpos populares a los que se invistió de autoridad ejecutiva. No obstante, Al asegura que éstos han servido para suprimir la disidencia, tanto interior como exterior.

Desde 1980 han sido numerosas las ocasiones en que, tanto a través de llamamientos oficiales como a través de los medios de comunicación gubernamentales, se ha pedido al pueblo libio que colabore, como parte de sus deberes revolucionarios, en la delación o ejecución de los opositores. El propio Gaddafi ha defendido, en declaraciones a la Prensa internacional, el "programa de eliminación física".

AI asegura que los llamamientos para la liquidación han continuado a lo largo de 1984, y cita una declaración de Gaddafi, el 9 de mayo de este año, en la que justifica tales acciones. "A partir de ahora, el pueblo libio tiene el derecho de perseguir a estos terroristas en cualquier lugar", respondió el coronel al ser preguntado por el ataque-al cuartel general de Bab al Aziziya, en Trípoli, ocurrido el día anterior.

Presos de conciencia

Entre los purgados en el interior, AI manifiesta su honda preocupación por ocho personas ahorcadas "en público tras una decisión de los Congresos Populares de Base" (ayuntamientos populares) a primeros de junio de este año. Su ejecución se decidió "sumariamente, sin juicio previo, una semana después de su detención, por sospechas de oponerse al Gobierno".

La organización humanitaria ha adoptado a 77 presos de conciencia libios sobre los que ha podido obtener información específica. "Muchos de ellos se encuentran cumpliendo cadena perpetua o están condenados a muerte", asegura el informe. Entre ellos, 31 personas acusadas de pertenecer a partidos políticos ilegales y un grupo de 18 escritores y periodistas.

Los juicios a los presos de conciencia son celebrados por tribunales revolucionarios -formados por representantes del Gobierno- que no siguen los procedimientos procesales normales. Se trata, según informa AI, de juicios sumarísimos celebrados a puerta cerrada, en los que no existe ni el derecho a la defensa ni el recurso a un tribunal superior, en abierta violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al denuncia también el empleo de la tortura para "obtener confesiones e información sobre los enemigos de la revolución y sus actividades, así como la ampliación del número de delitos penados con la muerte; entre ellos, la pertenencia' a cualquier partido político que se oponga a la revolución de 1969, que en la legislación anterior podía suponer de cinco a 10 años de cárcel.