El Gobierno estudia la próxima subida de las tarifas eléctricas, telefónicas, Renfe, carburantes y tabacos

El Gobierno comenzará el año nuevo con cinco subidas de productos y servicios de gran uso y consumo: teléfonos, Renfe, tarifas eléctricas, productos derivados del petróleo y tabacos. Los incrementos más inmediatos, que posiblemente habrán de producirse en la próxima semana, serán los de las tarifas eléctricas y telefónicas. Posteriormente, en una segunda fase, en el mes de febrero se llevarán a cabo las subidas de los servicios de Renfe y de los precios de los carburantes y el tabaco. La política del Gobierno es autorizar estos incrementos en las primeras semanas del año con el fin de permitir que las empresas y sectores afectados puedan realizar una planificación anticipada de sus ingresos y costes y eliminar imprevistos.

Los cinco sectores que han solicitado aumentos han enviado ya al Gobierno los expedientes correspondientes a sus peticiones. No obstante, sólo las solicitudes sobre tarifas telefónicas y las eléctricas, junto a las de Renfe, han sido remitidas, para su informe previo, a la Junta Superior de Precios, que tiene que realizar un informe preceptivo al respecto. Todo indica que, en el peor de los casos, los aumentos de tarifas no superararán el 8% en un claro intento de hacer cumplir la política anti-inflacionista del Gobierno de no sobrepasar el porcentaje de inflación prevista en los Presupuestos del Estado para 1985 (un 7%).El incremento de las tarifas eléctricas (un 8%) fue anunciado para el mes de enero por el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, cuando dio a conocer oficialmente, hace diez días, el acuerdo al que habían llegado Gobierno y sector eléctrico sobre los denominados intercambios de activos entre las empresas del sector. Solchaga justificó el aumento en función del incremento de los costes previstos en la producción de energía eléctrica y, en una pequeña parte, como consecuencia del sobrecoste de la asistencia financiera pactada con el sector.

La petición de incrementos de las tarifas telefónicas, junto a la de Tabacalera, fue presentada al Gobierno el pasado mes de diciembre. La más importante es la requerida por el presidente de Tabacalera, Cándido Vázquez, que sitúa el incremento medio entre el 9 y el 10%. La última subida del tabaco se produjo el pasado 3 de septiembre, pero sólo afectó a los cigarros peninsulares comercializados por Tabacalera. El incremento fue del 1,8%. Una subida más generalizada entró en vigor el 18 de febrero de 1984 y se repercutió, en un 8% como media, sobre cigarrillos negros (3%) y tabaco rubio adquirido en firme por Tabacalera (13%.).

En medios próximos al ministerio de Economía y Hacienda se estima que el Gobierno autorice una subida de los productos de Tabacalera que oscilará en torno al 7% o el 8%.

Superior a la inflación

Una idea más clara se tiene de lo que sucederá con las tarifas de Renfe, donde la petición oscila entre incrementos del 7,17% para el tráfico de mercancías hasta un 10,7% para los viajeros, incluyendo algunos del orden del 29% para los trayectos de cercanías. Esta disparidad esta contemplada en el contrato-programa de la compañía por lo que parece existir la idea de que las tarifas de Renfe experimentarán una subida media superior a la inflación prevista con el fin de paliar, paulatinamente, el peso que esta compañía tiene sobre el presupuesto del Estado.

Las tarifas telefónicas tienen también pendiente una solicitud de incremento por parte de la Compañía Nacional Telefónica de España (CNTE) del 6,9% desde el mes pasado, según reconoció el presidente de la compañía, Luis Solana. La petición de incremento ha recibido algunas protestas del Grupo Popular por entender que la subida no es homogénea y afecta negativamente al uso del teléfono en determinadas llamadas de mayor incidencia en el recibo bimestral que paga el usuario.

Respecto a los carburantes, el Gobierno se encuentra todavía en una fase inicial de solicitud de informes a los ministerios y entidades responsables. La incertidumbre que ofrece las dos variables que más influyen en la fijación de los precios de carburantes -evolución de los precios internacionales del crudo y la cotización del dólar- han hecho viejos los últimos estudios elaborados por la Delegación del Gobierno de Campsa, que apuntaban a subidas medias del 8%.

Todo indica, sin embargo, que el incremento será inferior a la inflación prevista -en torno al 5%-6%-, por entender el Gobierno de que los precios de los productos de importación del crudo tienden a la baja. La última subida, en diciembre de 1983, se calculó sobre la base de un dólar a 156 pesetas y un coste del barril a 29 dólares. Ayer, sin embargo, el dólar se cotizó a 174,96 pesetas mientras que el precio del barril del crudo en los mercados libres está, en estos momentos, hasta tres dólares por debajo del oficial de 29 dólares, pese a que la estructura de importaciones española no permita, por razones de seguridad en el suministro y comerciales, aprovecharse al máximo de estas rebajas.

En el capítulo de productos derivados del petróleo existe la intención del Gobierno de reformar la estructura de precios de forma que se reparta, de manera más realista, la fiscalidad que pesa sobre el consumo de estos productos. En este sentido, es previsible que los precios de los fueles y los gasóleos aumenten más que los de las gasolinas. La duda está en el precio de los gases licuados (propanos y butanos), donde existe una fuerte subvención estatal a su consumo frente a la estructura media de precios en Europa.