Un conflicto por el control del poder

Las asambleas que celebra el Partido Nacionalista Vasco son hitos en su historia. La crisis incubada durante los últimos 12 meses ha desembocado en un punto de difícil retorno. Los afiliados han sido emplazados a resolver en 10 días un problema que no entienden en absoluto y al que la dirección ha sido incapaz de encontrar solución en un año. Inevitablemente, la base nacionalista se ha visto abocada a pronunciarse contra alguien, dando así paso a una fase cualitativamente nueva del conflicto. Incluso si a última hora se hallara alguna fórmula intermedia o que aparente serlo, sólo servirá para aplazar durante unas semanas o quizá meses el desenlace definitivo. Porque se trata de una lucha por el poder.Casi desde su fundación, el PNV se ha caracterizado por una peculiar combinación de populismo ideológico y conservadurismo sociopolítico, en dificil pero eficaz equilibrio. El nervio populista, sin el que no se explicaría la enorme influencia del nacionalismo en sectores muy heterogéneos de la población, ha ido unido tradicionalmente al mantenimiento del objetivo independentista como horizonte utópico común. Pero ese rasgo ideológico, ha coexistido desde al menos 1898 -tres años después de la fundación del partido- con una práctica política posibilista de corte regionalista.

Las contradicciones internas que esa coexistencia ha suscitado se han mantenido casi siempre en estado latente, sin que aflorasen en la forma de conflicto abierto, excepto en situaciones muy determinadas (como la de la primera posguerra europea, en la que se produjo la escisión, que duraría nueve años, entre Comunión Nacionalista y el PNV reconstruido en torno a las juventudes nacionalistas de Bilbao). Fuera de esos momentos especiales, la solidaridad nacionalista se ha impuesto sobre las diferencias económicas, políticas y sociales surgidas en el movimiento. En general, esa solidaridad intranacionalista se ha afirmado mediante el reforzamiento del rechazo al enemigo común (España, Madrid, el Gobierno central, el centralismo, etcétera, según épocas y coyunturas).

La crisis, ¿por qué ahora?

La crisis vivida por el PNV a lo largo de 1984 es, probablemente, la más grave de su historia o, cuando menos, comparable a la de 1921. Ello es debido a que por primera vez en 89 años ha coincidido en el tiempo una serie de factores disgregadores de esa solidaridad nacionalista que antes sólo habían aparecido de manera separada. Sobre todo, es la primera vez en estos casi 90 años en que esos factores se acumulan en un momento en el que el PNV ejerce un poder real en el País Vasco y en el que, por ello, conflictos ideológicos, enfrentamientos personales, diferencias psicológicas, tienden a convertirse en luchas por el control de ese poder. Ésa es la razón que explica la aparente paradoja de que la crisis haya salido a la luz justamente en el momento en que el PNV lograba un éxito electoral que ponía en sus manos el control de todas las instituciones del País Vasco.

Esquemáticamente, los factores que han hecho que la crisis *interna se desate precisamente ahora son los siguientes: la aparición de los defectos más traumáticos de una crisis económica sin precedentes, que favorece la diferenciación social y dificulta la pacífica convivencia en un mismo partido de sectores sociales tan heterogéneos; ese factor ve reforzada su repercusión por la perspectiva de la integración en la CEE en la medida en que obliga a la dirección nacionalista a concretar sus opciones políticas y económicas en el nuevo escenario, incluidas las opciones con vistas a eventuales alianzas (con la democracia cristiana, por ejemplo).

A su vez, el recurso a los mecanismos tradicionales de absorción de esa diferenciación interna se ve obstaculizado por los siguientes factores: la consolidación del régimen autonómico y la llegada al poder del PSOE, en octubre de 1982, dificultan la clara identificación de ese enemigo exterior (Madrid, el franquismo, el centralismo..., contra el que se desvían las contradicciones internas. Tanto más cuando es precisamente el PNV el que gobierna en Euskadi, lo que obliga al nacionalismo a responder de la eficacia de su gestión (es decir, del uso dado al dinero de los ciudadanos), sin que a tal fin sea suficiente el recurso a la iniquidad del poder central (presupuesto del Gobierno vasco en 1984,120.000 millones de pesetas; presupuesto global de las diputaciones para 1984, 106.000 millones de pesetas; coste de la reconversión de los sectores siderometalúrgicos y naval asumidos por el Estado, 310.000 millones de pesetas).

Pero además esos factores han coincidido con un momento de crisis de dirección del movimiento nacionalista. Crisis que se manifiesta primordialmente en el problema del liderazgo, es decir, de la rivalidad entre los dos únicos aspirantes (Xabier Arzallus y Carlos Garaikoetxea) a heredar la autoridad carismática de Juan Ajuriaguerra. Si a ello se añade la inestabilidad de la actual dirección -a punto de resultar desautorizada en Guipúzcoa tras serlo ya, con el resultado conocido, en Navarra y la falta de tradición de un real debate democrático en la base del partido se entiende el carácter de conflicto geográfico que ha tomado la crisis. Ese es, quizá, el síntoma más característico: la base nacionalista se halla dividida no por criterios políticos, sino por lealtades contrapuestas y delimitadas por territorios. Ello dificulta el hallazgo de soluciones racionales a los problemas circunstanciales que va destilando la crisis, como, actualmente, el de la distribución del poder entre el Gobierno y las diputaciones.

Territorios históricos

Los apoderados asistentes a la asamblea del PNV van a tener que pronunciarse en torno a dos fórmulas divergentes de distribución del poder y los recursos económicos entre el Gobierno autónomo y las diputaciones. Al final, las diferencias entre ambas posturas no parecen, a simple vista, abismales; y sobre todo no parecen justificar una crisis que en octubre estuvo a punto de provocar la división del grupo parlamentario, la dimisión del lendakari y hasta la escisión del partido. Sin embargo, tampoco parece casual, a la luz tanto de la historia del nacionalismo como de los factores antes citados, que la crisis haya acabado por sustanciarse en tomo a este problema concreto de las diputaciones.

En la primavera pasada, segundo capítulo de la crisis iniciada en enero, la disolución de la organización navarra del partido fue motivada por discrepancias surgidas en torno a la política de alianzas del PNV. Pero, a su vez, tales discrepancias estaban directamente relacionadas con la existencia de dos corrientes contrapuestas respecto a la relación entre autonomía y foralidad, es decir, las mismas corrientes que se enfrentan hoy en relación al papel de las diputaciones.

Durante muchos años, el objetivo último del nacionalismo se resumió en la consigna de la recuperación de la "independencia originaria de los antiguos Estados vascos", es decir, las actuales provincias, que se organizarían "de manera confederal". Sin embargo, a partir de los años treinta, los sectores más modernistas del nacionalismo, empezando por el grupo que daría origen a Acción Nacionalista Vasca (ANV), renunciaron a esa concepción confederal y a sus raíces foralisitas en aras de una idea unitaria de Euskadi. El estatuto de autonomía se concebía por esos sectores como el marco para la modernización (política, económica, social) del País Vasco. La resistencia antifranquista, tras la experiencia de la lucha común en la guerra, asoció esa idea de la autonomía a sectores de la izquierda no nacionalistas en el terreno ideológico, como los socialistas y comunistas.

La corriente foralista

No obstante, hacia 1976, renació dentro del PNV una corriente neofaralista, historicista en su filosofia de fondo, contraria al mantenimiento del pacto autonómico con la izquierda y cuya fuerza se reveló en el debate constitucional (en torno a la enmienda sobre los "derechos históricos"). El Estatuto de Guernica es tributario de esa polémica- al introducir un artículo en función del cual la autonomía "no supondrá alteración de la naturaleza del régimen foral específico o de las competencias de los regímenes privativos-de cada territorio histórico" (artículo 37-2). El artículo 10 atribuye a la comunidad autónoma competencias exclusivas en una serie de terrenos en los que, según algunas interpretaciones, las diputaciones, al menos la de Álava, ejercían las suyas con anterioridad a la aprobación del estatuto.

Surgió así una eventual contradicción que se trató de superar mediante la ley de Territorios Históricos (LTH), destinada justamente a delimitar de manera precisa las competencias que corresponden a cada institución.

Es en ese marco en el que han surgido las divergencias. Las diputaciones se mostraron reticentes a renunciar a competencias que habían comenzado a ejercer de hecho. Garaikoetxea hizo aprobar a la asamblea del partido una resolución que sancionaba su interpretación de la LTH. La dirección del partido, opuesta por otros motivos al lendakari, se pronunció en septiembre a favor de la interpretación de las diputaciones. A partir de dicho momento, el conflicto apareció ya como lo que era en realidad: un conflicto por el control del poder.