Ratificada la gestión del Gobierno en materia de libertades, educación y sanidad

Las resoluciones del 30º Congreso socialista expresan la satisfacción del partido, en términos generales, por la labor que realiza el Gobierno en los campos de las libertades, la educación y la sanidad. El apoyo a la política gubernamental es especialmente rotundo en lo referente a educación, mientras en el apartado de seguridad se incluye el matiz de advertir a los poderes públicos sobre posibles casos de malos tratos.La ponencia sobre derechos y seguridad ciudadana afirma que la obra del Gobierno socialista supone un "formidable avance en la consolidación de las libertades públicas", a pesar de que las "campañas conservadoras" y las "minoritarias, aunque resonantes, actitudes de algún sector de la izquierda han contribuido a crear la imagen de haber avanzado demasiado para unos y demasiado poco para otros".

No obstante, la resolución advierte que la obra legislativa "no ha penetrado aún hasta donde es necesario en el tejido social español", y que "pueden producirse actuaciones individuales abusivas". "En concreto, resulta intolerable la posibilidad de que, incluso de forma residual, algunas personas puedan ser objeto de malos tratos", supuestos que deben ser investigados "hasta su absoluta clarificación y ulterior penalización de quienes resulten responsables". Por lo demás, la ponencia pasa rápidamente sobre otros temas como la modernización de la administración de justicia, el jurado - o las fuerzas de seguridad.

La política educativa que realiza José María Maravall es correcta, a juicio del congreso, ya que su resolución en este punto, afirma que la enseñanza debe ser un servicio público tan alejado de la concepción estatalizadora como de la que entiende la escuela como negocio y como instrumento aleccionador. Asimismo, se considera que la ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y la ley de Reforma Universitaria (LRU) son instrumentos legales fundamentales.

Lo mismo ocurre en política sanitaria, ya que la preparación por el ministro Lluch de una ley de Sanidad se refleja en la "urgente promulgación" de ese texto.