Huelga de hambre contra la reprivatización de las fincas expropiadas a Rumasa

Francisco Casero y otros ocho miembros del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) han decidido iniciar una huelga de hambre frente a la Delegación del Gobierno en Andalucía en demanda de que las fincas expropiadas a Rumasa no sean reprivatizadas, sino dejadas en el sector público para la creación de cooperativas de jornaleros. Aparte de La Almoraima, de más de 1.500 hectáreas y gestionada por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona), el patrimonio de Rumasa en Andalucía estaba formado por 33 fincas, cuyo total alcanza las 6.701 hectáreas.

El SOC ha señalado, desde la expropiación del patrimonio de Rumasa, la necesidad de que las propiedades de tierras del holding pasaran a la Junta de Andalucía, a fin de que ésta tuviera en ellas una base de partida para su pretendida reforma agraria. En entrevistas con autoridades socialistas, los responsables del SOC entendieron que era voluntad del Gobierno el dar este fin al menos a una parte de estas tierras. Los responsables de la Administración nunca comprometieron el futuro de La Almoraima, que está gestionada por el Icona y que, por su excepcional dimensión, siempre se pensó que podría tener otro tratamiento.Respecto a las fincas cuya explotación es predominante o absolutamente vinícola, se especuló siempre con que su propiedad seguiría ligada a los posibles compradores de las bodegas a las que habitualmente venían suministrando. Pero quedaba un resto de fincas de regadío o cultivos herbáceos de secano que los jornaleros siempre esperaron que quedara en régimen de propiedad pública.

En este sentido se pronunciaron en su día tanto Alfonso Guerra como el entonces presidente de la Junta de Andsalucía, Rafael Escuredo, que anunció que estas tierras podrían constituir la bolsa de tierras básica para la pretendida reforma agraria.

Casi dos años después de la expropiación, las fincas de Rumasa siguen sin propietario, y Francisco Casero, el hombre del SOC en la sierra norte de Cádiz, asegura que existen suficientes indicios para saber que la Administración Central se propone vender las fincas expropiadas a particulares.

La aplicación de la supuesta reforma agraria sólo ha sido hasta el momento anunciada para la comarca de Antequera (Málaga). Los problemas de trabajo en el campo andaluz se mantienen y las 33 fincas de Rumasa (La Almoraima aparte) están abandonadas. Eso justifica, a juicio de Casero, un nuevo intento de ocupación de una de ellas, El Indiano, y esta nueva acción.