Vendedores del Rastro protestan por la nueva normativa, "que pone en peligro 1.500 puestos"

Decenas de pancartas y miles de panfletos repartidos a los visitantes del Rastro reflejaron durante el sábado y el domingo el malestar de una parte de los vendedores por la normativa aprobada el 30 de octubre en la Junta Municipal del Distrito de Centro, "sin respetar sus promesas de participación ciudadana". La Coordinadora de Colectivos de Vendedores del Rastro (Codeco), promotora de la protesta, acusa al concejal de Centro, Miguel Lara, de intentar expulsar a unos 1.500 vendedores, y mantiene la convocatoria de concentración en la plaza Mayor el día 14, pese a que no ha sido autorizada.

La normativa, según un portavoz de la Coordinadora, reduce el perímetro del Rastro, lo que significa la expulsión de cientos de vendedores de calles y plazas que habían sido ocupadas en los últimos años (no se conoce el número preciso de afectados, como tampoco el total de puestos del Rastro, puesto que no existe censo). Establece también el pago de tasas mensuales, fijadas de forma provisional: desde las 1.600 pesetas para los puestos de más de dos metros cuadrados instalados en calles de primera categoría (Ribera de Curtidores), hasta las 1.000 pesetas por el mismo espacio en calles de tercera categoría (Rodrigo de Guevara, Mira el Río Alta, Mira el Río Baja, Bastero, Carnero y Callejón del Mellizo).Un portavoz de la Codeco, que agrupa a unos 500 vendedores, declaró ayer que los importes son demasiados altos para muchos. Por otra parte, los extranjeros que quieran instalar puestos en el Rastro deberán tener el permiso de residencia, lo que Codeco interpreta como una especie de filtro para eliminar a ciudadanos de otros países que se encuentran en España en situación irregular.

El portavoz de la Codeco resaltó también que, aunque la ordenanza no está aún aprobada oficialmente, el plazo de presentación de solicitudes para ocupar espacio en las calles permitidas termina el próximo 14 de diciembre, día elegido para la concentración de protesta.

La Codeco critica que las plazas de Cascorro y Campillo y las calles de Maldonados, Embajadores, Jardines, el pasillo central de la Ribera de Curtidores, la Ronda de Toledo, un lateral de la calle de las Amazonas, la calle del Gasómetro y la mitad de la calle de Carlos Arniches, hayan quedado excluidas de la ordenanza, lo que, a su juicio, supondrá la desaparición de unos 1.500 vendedores.

"Parece que la pretensión de Miguel Lara es suprimir por la vía del decreto el espíritu tradicional del Rastro", añade el representante de la coordinadora. "Sólo así se explica su intención de no permitir que las mercancías se instalen directamente en el suelo, por poner un ejemplo". Para la Codeco, el Rastro debe ampliarse, de forma que los vendedores puedan ocupar un espacio mayor, y así acabar con las aglomeraciones actuales.

La posición oficial se basa en que la ordenanza intenta respetar los aspectos tradicionales del Rastro de modo que el funcionamiento del mercado no signifique perjuicios graves para terceras personas. El paquete de medidas, según fuentes municipales, intenta eliminar el peligro potencial que supondría en caso de siniestro la aglomeración de 200.000 personas.

La reordenación del Rastro ha sido solicitada desde varios sectores: vecinos de la zona que se quejan del aumento de la inseguridad ciudadana, comerciantes que contemplan con desconfianza la invasión de cualquier espacio libre por los vendedores que dificultan el paso de los compradores, y servicios como los bomberos y Protección Civil, que han mostrado su preocupación por la imposibilidad de proceder a una evacuación rápida en caso de siniestro o de acceso de vehículos de socorro a determinadas calles.