El monte de El Pardo, traicionado

La aspiración ampliamente asumida por el pueblo de Madrid de conseguir una protección efectiva del monte de El Pardo y el corredor verde que lo une a la vecina sierra de Guadarrama ha resultado de nuevo frustrada por la negativa combinada de los diputados del PSOE y Coalición Popular en la Asamblea de Madrid.Esta conclusión, que no por esperada resulta menos decepcionante, se inscribe en el marco de un complicado proceso que, en el campo legislativo, arranca de la constitución en 1980 de un amplio grupo de trabajo promovido desde el Ayuntamiento de Madrid para intentar resolver de forma satisfactoria la reivindicación ecologista de establecer un parque nacional en este espacio que permitiera proteger sus destacados valores naturales y su papel de purificador de la contaminada atmósfera de la capital.

Como recordarán gran número de lectores, el resultado de aquel notable esfuerzo fue la proposición de ley de Protección del Monte de El Pardo y su Entorno, presentada en 1981 a las Cortes Generales por los grupos parlamentarios socialista, comunista y mixto, que no llegó a debatirse en el Pleno debido a la oposición, derivada de irrelevantes motivos de forma, por la entonces mayoritaria UCD.

Confianza

Tras la victoria electoral del PSOE, y partiendo de su fervoroso apoyo a la citada proposición de ley y de las promesas de los nuevos altos cargos responsables del tema, muchos de los implicados llegamos a confiar en que la resolución satisfactoria del asunto sería sólo cuestión de meses. Sin embargo, por motivos difíciles de comprender, la nueva ley no acabó nunca de perfilarse, lo cual condujo a la Federación de Amigos de la Tierra (FAT) a reelaborar la proposición de ley de 1981 y a solicitar a diversos diputados su presentación en las Cortes en 1983.

Esta vez de la mano de los diputados comunistas, el texto pudo llegar al Pleno, encontrándose en el mismo con la oposición del partido del Gobierno que, por voz del diputado Juan Barranco, fue justificada por la existencia de un proyecto gubernamental que mejoraría la propuesta en tres sentidos: aumento del área protegida, mejor zonificación y adecuación a la nueva legislación prevista en esta materia.

Las nuevas promesas condujeron a un nuevo compás de espera, roto por la presentación del proyecto de ley ahora debatido, que incumple sin la menor fundamentación ni rubor los sucesivos posicionamientos anteriores.

En efecto, aquellos que hemos tenido la oportunidad de asistir en directo al debate, hemos comprobado estupefactos cómo el consejero Eduardo Mangada y la diputada Francisca Sauquillo defendían un proyecto que: a) lejos de aumentar la zona protegida, la reduce de 57.000 hectáreas á 34.000 hectáreas, dejando fuera todo el monte de El Pardo (i) al limitarse a la zona de las anteriores propuestas situada al norte del mismo; b) sustituye la magnífica zonificación propuesta anteriormente por el profesor González Bernáldez, por una confusa trama de reservas y parques agropecuarios, escasamente diferenciados y fundamentados; y c) propone la creación de un exótico parque regional, figura inexistente en la legislación vigente, frente a la internacionalmente consagrada de parque nacional.

Débil argumentación

Tan profundos cambios son explicados con base en una argumentación que se limita a plantear que ha habido un cambio de situación que. condicionaba las posiciones anteriores; que, en el fondo, El Pardo ya está protegido por su adscripción al Patrimonio Nacional, y que lo importante es regular el uso de los espacios colindantes; que ha habido una "dificultad de entendimiento" con el Patrimonio y que las "instancias apropiadas" no han apoyado la posibilidad de una protección global; o, por último, que las competencias de la comunidad autónoma no permiten abordar la deseable ordenación conjunta de todo el espacio inicialmente propuesto.

Tan débil y formalista argumentación parece olvidar que de lo que se trata es de proteger una unidad ecológica por su relevancia para la población de Madrid y por sus valores científicos, naturales y educativos, que difícilmente se complacen con carencias administrativas o equilibrios políticos coyunturales.

Todo ello debería, pues, conducir a un serio replanteamiento del proyecto en los debates que la respectiva comisión de la Asamblea de Madrid mantendrá a lo largo de las próximas semanas, partiendo de una aproximación más acorde a la información científica disponible y a los intereses y derechos de la población de nuestra maltratada región.