Nuevos datos sobre las catástrofes aéreas

EL GRUPO parlamentario de Coalición Popular ha dado a conocer nuevas y gravísimas informaciones sobre las circunstancias que precedieron y rodearon a las dos catástrofes aéreas producidas en Madrid hace aproximadamente un año, y que se saldaron con 183 fallecidos en Mejorada del Campo y otros 93 muertos en las pistas de Barajas. De ser ciertos tales datos (y la ausencia de desmentidos oficiales refuerza la presunción favorable a su veracidad), el presidente del Gobierno debe tomar las riendas del asunto y adoptar de inmediato las medidas que ese escándalo exige. En un régimen de democracia representativa es inaceptable que el Ejecutivo, enfrentado con una denuncia que hace tambalear su credibilidad y que pone en cuestión su voluntad para decir la verdad a los ciudadanos, responda con la táctica del silencio y de la impasibilidad que caracterizan a los gobiernos autoritarios.Según Coalición Popular, una auditoría -fechada el 10 de noviembre de 1983- elaborada por la Intervención General del Estado sobre la situación de los aeropuertos españoles puso en conocimiento del Gobierno las serias deficiencias de seguridad de las pistas de Barajas, que las posteriores catástrofes aéreas ocurridas el 27 de noviembre y el 7 de diciembre no harían sino confirmar. Los auditores indicaban que la señalización del aeropuerto madrileño "es escasa y mala en la plataforma" y que "en horas nocturnas o con lluvia se ven muy mal". Recordemos que la colisión entre un DC-9 de Aviaco y un Boeing 727 de Iberia, producida en una mañana neblinosa, fue imputable -en todo o en parte- a la insuficiente señalización de las pistas de aterrizaje y despegue. Por lo demás, el grupo parlamentario de Alianza Popular revela otros datos significativos sobre ambas catástrofes: desde la falta de instalaciones de alarma de violación de altura y la insuficiencia del personal que trabajaba durante la noche del 27 de noviembre en el centro de control de aproximación de Paracuellos, del que dependía el Boeing de Avianca que se estrelló en Mejorada del Campo, hasta los defectos de señalización que posibilitaron la catástrofe del 7 de diciembre.

Después de los dos gravísimos accidentes aéreos, el ministro de Transportes y Comunicaciones y su director general de Aviación Civil pusieron en marcha una estrategia orientada a rehuir sus propias responsabilidades, a exportar hacia los pilotos el peso de las acusaciones y a criticar a la Prensa por su supuesto amarillismo. El ministro Enrique Barón llevó esa táctica exculpatoria hasta extremos grotescos. Pero si las denuncias de Coalición Popular fuesen ciertas resultaría que el ministro de Transportes del Gobierno socialista no sólo eludió el bulto a la hora de afrontar sus propias responsabilidades y no sólo trató de confundir a la opinión mediante digresiones y maniobras de diversión sino que, además, mintió sobre los hechos, ocultó información y hurtó del conocimiento público la auditoría de la Intervención General del Estado realizada antes de que las catástrofes ocurriesen. De confirmarse este cuadro, el cese del ministro de Transportes -dificultado por la inminencia del 30º Congreso del PSOE- sería una inexcusable medida para la democracia española.