El Gobierno y la muerte

LAS CRITICAS arrecian contra el Gobierno socialista porque no ha cambiado la forma de vivir de los españoles; ahora sabemos que tampoco quiere cambiar, ni dejar que cambie, la forma de morir. La negativa del Ministerio del Interior -recurrida ahora ante la Audiencia a admitir en su registro a la Asociación Derecho a Morir Dignamente reproduce antiguas situaciones: el rechazo de 1936 en la Cámara de los Lores a una agrupación semejante -la Voluntary Euthanasia Legislation Society- o la prohibición en 1938 de la Euthanasia Society of America. El retraso de medio siglo con que se plantea el debate en España y el celo del señor Barrionuevo en la defensa de la indignidad ajena en el morir hablan bien a las claras de la ausencia de un cambio de actitudes del Gobierno socialista. Éste no distingue, como debería hacerlo, entre la observancia de unas leyes que están vigentes y no permiten la eutanasia, por una parte, y, por otra, la constitución legal de una sociedad que, como cualquiera y en cualquier caso, ha de tener perfecto derecho a pretender una modificación de las leyes penales a partir de una muestra de argumentos y de opinones. Las razones denegatorias del Ministerio del Interior son endebles. Desposar el Código de Deontología Médica e interpretarlo no entra en sus atribuciones y puede causarle numerosas contradicciones en el futuro, como en el caso del aborto se las ha proporcionado ya, y equiparar la noción de muerte digna al suicidio es un equívoco y un error; pero, además, en España el suicidio no está penado por la ley, aunque sí lo esté la inducción y la colaboración. Esto resulta también contradictorio: supone calificar de delito la ayuda a cometer lo que no es un delito.Las leyes actuales en España, y en gran parte del mundo, son muy poco claras con respecto a esta cuestión, y no parece que el Ministerio del Interior pueda oponerse a la legalización de una asociación que pretende crear el clima necesario para esclarecerlas en un determinado sentido.

En cuanto al fondo del debate, es tan complejo que desde Sócrates viene acumulando datos, juicios y opiniones del más variado signo. Hoy, en favor de la eutanasia, e incluso del suicidio, e independientemente de los trazos que cada religión les dé con arreglo a sus principios, existe una mayor tendencia a la disponibilidad absoluta del propio cuerpo, y la noción de que la antigua moral que consideraba la vida humana como necesaria para otros -familia o dependientes- no puede prevalecer más allá de lo voluntario; incluso se ha desmontado el siniestro juego del esclavismo -del que deriva una idea general de la propiedad ajena del ser humano-, que llevaba a la persona a situaciones límite de producción cortándole la única salida, la de su muerte, incluso por un terrorismo metafisico, para conservar su propiedad. Permanece la idea de que la eutanasia no puede equipararse, de todas formas, al suicidio, sino a la elección entre dos formas de muerte.

En contra de esta idea de la eutanasia como muerte digna está la duda creciente acerca de la situación terminal, el concepto mismo del momento de la muerte. La ciencia ha progresado y progresa cada día, y el brote de la esperanza, incluso más allá de algunos diagnósticos, se mantiene más allá que en tiempos pasados. Las técnicas de injertos o de implantes, tan discutidas también moralmente, están por sí mismas prolongando situaciones consideradas antes como terminales. Pero la publicación de las fotograrias de la agonía del dictador Franco, prolongada por medios artificiales, servirá para reflexionar sobre el tema incluso a los conservadores más recalcitrantes.

No es, naturalmente, el final del debate lo que se trata de esbozar aquí, sino el derecho al debate mismo, a la opinión del individuo en su trance intransferible, a la previsión que cada uno pueda hacer de su propia muerte y a la constitución legal de una asociación que tiene sus propias ideas acerca de este tránsito y de las leyes que lo limitan y cómo habrían de modificarse. No se les puede negar. Hacerlo responde a prejuicios religiosos teñidos de razones y a una actitud tutelar del Estado sobre la conciencia de los individuos que está fuera de todo deseo de modernización.