UN AÑO DESPUÉS DE LAS CATÁSTROFES AÉREAS DE MADRID

Economía y Transportes son responsables políticos de los accidentes aéreos de Mejorada y Madrid, según el Grupo Popular

El Grupo Popular del Congreso, según las investigaciones que ha realizado sobre los accidentes aéreos ocurridos el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 1983, considera que, política y administrativamente, son responsables de los mismos los ministerios de Hacienda y de Transportes, la Dirección General de Aviación Civil y altos cargos del organismo Aeropuertos Nacionales. El Grupo Popular esgrimirá como fundamento para acusar a la Administración una auditoría elaborada por la Intervención General del Estado en la que se denunciaba el deficiente estado de los aeropuertos en general y el de Barajas en partícular. La auditoría, entregada al Gobierno, está fechada el 10 de noviembre de 1983,17 días antes del primer accidente.

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, Los ponentes del Grupo Popular en la Comisión de Catástrofes Aéreas anunciaron ayer su retirada de la misma por entender "estéril" su presencia, dado que desde la Administración se niega la documentación que estiman imprescindible para sus trabajos. Este grupo presentará una interpelación al Gobierno en la que previsiblemente solicitarán la dimisión, al menos, del titular de Transportes, Enrique Barón.El portavoz popular, Miguel Herrero, y los representantes de la Comisión de Catástrofes Aéreas de su grupo, José Antonio Trillo y Javier Pérez Olivares, presentaron ayer en conferencia de prensa dos informes sobre los accidentes aéreos de hace un año, en los que se afirma la responsabilidad política del Gobierno y de la Administración aeronaútica. Al mismo tiempo se anuncié la retirada de la comisión parlamentaria de investigación -hace un mes se retiró de la ponencia-, por entender que la Administración no aporta los documentos necesarios para una investigación rigurosa. El Grupo Socialista ha rechazado esta acusación, por entender que los documentos solicitados por el Grupo Popular están sujetos al secreto sumarial.

Los representantes conservadores insistieron en que los datos para elaborar este informe son fruto de sus propias investigaciones, ajenas a la labor y a la información a la que han tenido acceso como miembros de la Comisión parlamentaria de Catástrofes Aéreas. El reglamento del Congreso castiga con la pérdida de la condición de parlamentario al diputado que rompa el secreto de los trabajos.

El presidente de la Cámara, Gregorio Peces-Barba, ha llamado a algunos miembros del Grupo Popular de esta comisión para recordarles esta norma.

Señales "malas y escasas"

En la interpelación que el Grupo Popular presentará al Gobierno en el Congreso, antes de que finalice el año, se responsabilizará política y administrativamente al Ministerio de Hacienda, sin dar nombres, y se personalizará en los casos del director de Aviación Civil, Pedro Tena, y del ministro de Transportes, Enrique Barón. Es previsible que en esa interpelación se pida la, dimisión del titular de Transportes.

El portavoz de los conservadores que defienda la interpelación utilizará como argumento central para acusar al Gobierno una auditoría elaborada por la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, con fecha de 10 de noviembre de 1983, en la que, sobre la seguridad y señalización del aeropuerto de Madrid-Barajas, se dice textualmente: "Es la señalización la que presenta más problemas. Es escasa y mala en la plataforma. En horas nocturnas o con lluvia, las señales se ven muy mal".

En el mismo apartado de seguridad se destaca como negativa la "insuficiente limpieza" de las pistas, en las que se pueden apreciar habitualmente los objetos más diversos. Asimismo se pone de manifiesto la ausencia de una oficina de enlace de meteorología en la terminal internacional. "La meteorología se recibe por radio, sin citar la hora, por lo que su fiabilidad es relativa para los pilotos", dice el texto.

El hecho de que esta auditoría fuera entregada al Gobierno días antes de que se produjera el primer accidente lleva a los populares a acusar al Ejecutivo. A esto se añade, según manifestó ayer el diputado conservador José Antonio Trillo, las reuniones mantenidas entre los asesores presidenciales Almudena Mazarrasa, Ruiz Sechi y Julio Feo y profesionales de la aviación comercial, en las que éstos advirtieron de las deficientes condiciones en las que tra bajaban. De estos datos, el infor me difundido ayer por el Grupo Popular deduce que el Gobierno, "antes del accidente, ya tenía noticia de la incompetencia del ministro de Transportes y del director general de Aviación Civil".

El primero de los dos accidentes, ocurrido el 27 de noviembre de 1983, se produjo por un error en el calibrado de los instrumentos de aproximación, ya que el avión colombiano de Avianca sobrevoló 900 pies por debajo de la altura de seguridad, cuando realizaba la maniobra de aproximación al aeropuerto. Si el centro de control de aproximación de Paracuellos del Jarama hubiera estado dotado de alarma de violación de altura de seguridad, dice el informe, "el controlador, aunque estuviera distraído, hubiera advertido lo que ocurría".

En el mismo texto se señala que la noche en que se' produjo el accidente había sólo un controlador realizando su traaJo en el centro Paracuellos, de los ocho que debían estar de turno, y otro en la torre del aeropuerto, cuando el turno establecido era de tres. El informe resalta asimismo "la incomprensible existencia de una cafetería en el centro de control con libertad de expender alcohol".

Respecto al choque ocurrido el 7 de diciembre en el aeropuerto de Barajas entre un DC-9 de Aviaco y un Bocing 727 de Iberia, el Grupo Popular estima que el comandante Almoguera, que pilotaba la nave. de Aviaco que invadió la pista de despegue cuando el otro avión había iniciado la operación de despegue, "cayó en una auténtica trampa". La señalización horizontal no era correcta y las luces verdes de pista se veían en sentido de dirección prohibida, según el mismo informe.

Inversiones económicas

En el capítulo de responsabilidades, el Grupo Popular cita al Ministerio de Hacienda, "por dilapidar fondos públicos, multiplicando por cinco los presupuestos de inversiones en la Dirección General de Aviación Civil, mientras que los de mantenimiento apenas se multiplican por dos".

Se responsabiliza asimismo al director general de Aviación Civil, Pedro Tena, por permitir que las torres de control de Barajas y Paracuellos no estén dotadas de los medios necesarios para prevenir cualquier contingencia, así como ,por mantener "la situación de malestar que reina entre el personal de la Dirección General, reflejado en desánimo y absentismo laboral". Por último, se responsabiliza al titular de Transportes, Enrique Barón, por mantener en su puesto a Pedro Tena, en cuya dirección general "se premian las fidelidades políticas en vez de la profesionafidad". Entre tanto, miembros del Grupo Socialista, pertenecientes a la comisión investigadora del Parlamento, se han mostrado "tranquilos" respecto a las acusaciones del Grupo Popular, quienes aseguran que por estos dos accidentes "el ministro Barón no resultará tocado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 07 de diciembre de 1984.

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