La Generalitat intenta cambiar la ley de cajas de ahorro

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña se ha unido a las voces discrepantes con el proyecto de reforma de órganos rectores de las cajas de ahorros, por considerarlo excesivamente reglamentista e invasor de las competencias autonómicas, y está desarrollando en los últimos días una estrategia para forzar cambios en su texto.

Fue el propio Jordi Pujol quien abrió el fuego de las críticas políticas al proyecto de reforma, el pasado día 5 de noviembre, cuando aún no era más que anteproyecto. Lo calificó de "reglamentista, intervencionista y politizador", argumentos que luego han asumido otros sectores.Con el primer adjetivo, Pujol defendía la competencia "exclusiva" que sobre la legislación del ahorro tiene el Gobierno catalán a la luz del artículo 12.6 del Estatuto de Autonomía y del 149 de la Constitución. Con el calificativo de "politizador", Pujol se sumaba a quienes temen el impacto que supondrá el acceso de representantes municipales a los nuevos consejos de las cajas.

El conseller Cullell anunció, una vez aprobado el proyecto, que si el texto no se limitaba a ser una ley de bases "no vacilaremos en recurrir al Tribunal Constitucional, si no tenemos más remedio". Antes que recurrir a este expediente, la Generalitat se propone negociar con el Gobierno, como ya hizo anteriormente con la ley de Bases de Régimen Local.

La baza fundamental de Cullell en esta negociación es precisamente la facultad legislativa de la Generalitat, que en teoría permitiría la elaboración de una ley y su aprobación en el Parlamento autonómico con mayor rapidez que en el Congreso de los Diputados.

El actual proyecto de ley establece de forma estricta la composición de los consejos de administración: 40% para municipios; 44% para representantes de los impositores; 11% para entidades fundadoras, y 5%. para empleados, lo que en medios de la Generalitat se considera reglamentista.

Sin embargo, la regulación más flexible de anteriores borradores, que contemplaban abanicos (entre el 30% y el 40%) para cada sector representado, que deberían ser concretados por las autonomías, también habían recibido idéntica crítica, en aquel caso del propio presidente de la Generalitat.

Algunas de estas consideraciones serán debatidas en la reunión que celebra hoy el conseller Cullell con los dirigentes de la Federación Catalana de cajas. Pese a que no todas las críticas de ambas partes son comunes, sí lo es la oposición -o reticencia- hacia el acceso de los municipios a los consejos de administración, o, al menos, a la proporción establecida.

Dado que la CECA agotó ya su capacidad negociadora previamente a la aprobación del proyecto, parece que su única expectativa consiste ahora en la eventualidad de que un hipótetico pacto Gobierno-Generalitat incorpore algunas de sus sugerencias, sobre la experiencia de lo sucedido con la ley de Bases de Régimen Local, en la que el Gobierno ha recabado el apoyo de Minoría Catalana, para no aprobarla en solitario, pagando por ello algunos cambios de contenido.