Un movimiento democrático

EL LLAMAMIENTO a la huelga general, suscrito por los representantes de alumnos en los claustros constituyentes de 21 universidades, tuvo ayer una masiva respuesta estudiantil, con la excepción de Galicia y el País Vasco, donde la protesta -que marcha por peligrosos derroteros agresivos- no se sintió reflejada en la convocatoria. El tono pacífico de la demostración quedó alterado por algunos brotes aislados de violencia, a cargo de provocadores de ultraderecha, y por la respuesta en ocasiones desproporcionada de las fuerzas de orden público. Este paro académico pudiera ser tal vez un primer paso hacia el relanzamiento del movimiento estudiantil democrático, ausente de la vida pública casi desde los comienzos de la transición.La huelga de ayer se dirigía contra la política socialista de tasas académicas, becas estudiantiles e inversiones en la Universidad. La protesta por el dinero que los alumnos -o sus familias- tienen que pagar para matricularse en una universidad estatal remite a una discusión más general acerca de los criterios de financiación de la enseñanza superior. Aunque los mandatos constitucionales limiten la gratuidad de la enseñanza a los niveles básicos y aunque las tasas pagadas por los estudiantes apenas cubran una cuarta parte del coste de una plaza universitaria, la reivindicación de que el Estado -es decir, los contribuyentes- sea la fuente exclusiva de financiación de la enseñanza superior viene de lejos y es defendida por los alumnos de todos los países. El litigio debe ser puesto en relación con los sistemas de becas y con las inversiones públicas globales en el sector universitario, que corren con los gastos de infraestructura y con la mejoría y modernización de la educación superior.

En otros países europeos, las aportaciones de la Administración a la enseñanza superior no sólo minimizan los pagos de matriculación de los alumnos sino que, además, asignan un porcentaje mucho mayor de los presupuestos estatales y del producto interior bruto a las instalaciones docentes (desde los edificios hasta las bibliotecas, pasando por los laboratorios), al pago del profesorado y a las ayudas a los estudiantes de bajas rentas.

El aspecto más preocupante de los planteamientos socialistas es la insuficiente cobertura del sistema de becas y la visible escasez de los fondos públicos aplicados a la enseñanza superior. La aspiración estudiantil a la gratuitad de la matrícula puede ser criticada con argumentos referidos a la solidaridad social y a la existencia de otras necesidades colectivas. Sin embargo, resulta difícilmente defendible que la política gubernamental descargue porcentajes cada vez mayores del coste de las plazas escolares sobre los alumnos y, al tiempo, limite las aportaciones de la Administración a su mantenimiento, congele los fondos totales asignados a la enseñanza superior y no fomente la igualdad de oportunidades mediante un eficaz sistema de becas. La estrategia presupuestaria del Gobierno socialista, que a veces parece estar dirigida contra sus propios electores, resulta desconcertante. La lucha contra el déficit público no puede sacrificar el recorte de los gastos de educación superior a la compra de armamento, y, sin embargo, hay muchos datos de que así sucede.

La aparición de un movimiento estudiantil organizado, que elija libremente a sus representantes y que luche por sus reivindicaciones debe ser saludada, por lo demás, como un reforzamiento de nuestro debilitado tejido social. Los sistemas democráticos sirven, precisamente, para que los conflictos puedan ser expresados, negociados y -parcial o totalmente- resueltos por los interlocutores legítimos de las partes en litigio.