Un conciliador polifacético
Julio María Sanguinetti Cairolo, futuro 74º presidente de Uruguay, nació en Montevideo el 6 de enero de 1936 en el seno de una familia de extracción burguesa. Se doctoró en Derecho y se licenció en Ciencias Sociales en la universidad de Montevideo. Está casado con la historiadora Marta Canessa, con la que tiene dos hijos, Julio Luis, de 21 años, y Emma, de 19.Su vida pública se desarrolló en los ámbitos económico, cultural y político. En el primero fue miembro de la delegación uruguaya en la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Ginebra, en 1965, y en 1971 presidió la misión comercial uruguaya ante la Unión Soviética.
Fue miembro de la Cámara de Diputados de Montevideo durante tres períodos, entre 1963 y 1972, hasta el golpe de Estado que derrocó de hecho el régimen civil uruguayo. Ya en 1967 fue miembro de la comisión asesora presidencial en la conferencia de presidentes latinoamericanos de Punta del Este.
Fue ministro de Industria y Comercio desde 1969 hasta 1971 y de Educación y Cultura en 1972. Durante su mandato al frente de este departamento propuso una ley de enseñanza, la ley de Educación General, aprobada el 3 de enero de 1973. Era partidario de una suerte de estatalización de la enseñanza que limitaba la autonomía de profesores y alumnos y, en lo ideológico, implicaba un modelo influenciado por el pragmatismo norteamericano.
En el plano cultural destacó como presidente de la Comisión Nacional de Artes Plásticas entre 1967 y 1973 y como presidente el Consejo del Centro Regional de Fomento del Libro en América Latina, organismo de la Unesco, al cual continúa perteneciendo. Fue asimismo vicepresidente del club de fútbol Peñarol. Ejerció también el periodismo.
Desde el punto de vista político, se le considera discípulo del presidente Luis Batlle, que gobernó Uruguay de 1952 a 1960, y adscrito al sector del Partido Colorado que dirigió Jorge Batlle.
Es un centrista dentro del conservador Partido Colorado, del cual fue nombrado secretario general en 1983. Es partidario de una amnistía política que excluya a los presos relacionados con delitos de sangre.
