Convivir con el peligro

La noticia sobre la explosión de gas que en la madrugada del pasado lunes destruyó el pueblo de San Juanico, en México, le produjo a María Jesús de Lucas, de 33 años, casada y con dos hijos, un fuerte escalofrío. Se asomó a la terraza de su vivienda, situada en el octavo piso del número 186 de la avenida de Manoteras, y comprobó que todo seguía en su lugar. Abajo, los alumnos del instituto de bachillerato Ramón y Cajal jugaban al baloncesto a pocos metros de 24 esferas de color mercurio cargadas de gas; los bloques de viviendas de la calle del Jazmín, el barrio de Santa María, Manoteras y Pinar de Chamartín se erguían frente a la fábrica.En un instante, María Jesús, una joven ama de casa, de cabello claro y rizado y de ojos azules, recordó la mañana del martes 8 de noviembre del pasado año. "Eran más de las 9, estaba vistiendo al niño y escuché el ruido de las sirenas de las ambulancias, bomberos y policía. No había oído ninguna explosión, pero algo grave pasaba", afirma. "Los niños del instituto corrían como locos. No me puse ni las medias, tomé al niño, recogí a la niña en el colegio y nos subimos en el autobús, abarrotado de gente que abandonaba, alarmada, la urbanización". María Jesús se fue a casa de su suegra, que vive en la plaza de Castilla, y siguió los acontecimientos por la radio. Por la noche volvió a casa.

Dos trabajadores resultaron muertos y otros dos sufrieron quemaduras graves al ser alcanzados por una llamarada de nafta líquida que se derramó y se incendió. El fuego, que duró unos segundos, alcanzó gran altura, hasta el punto de que, pese a encontrarse la factoría en una hondonada, las llamas fueron vistas por algunos de los 700 alumnos del instituto. Nada más producirse el accidente, el director del centro, Raimundo Pascual, recorrió los escasos 50 metros que separan el patio del centro docente de la puerta de la fábrica, y preguntó si había peligro. La respuesta fue negativa, y regresó a las aulas.

Los vecinos de Virgen del Cortijo, una urbanización habitada por personas de clase media alta, que en su mayoría ocupan profesionales liberales, recuerdan con precisión la mañana del 8 de noviembre de 1983. Valentín Martín, periodista, el último director del diario Marca antes de ser privatizado, no abandonó la urbanización. Bajó, hasta la puerta y se unió al medio centenar de curiosos que observaban el rescate de los heridos. "Vivir aquí también tiene sus compensaciones", dice. "Estás en medio del campo. Tenemos jardines y tranquilidad, aunque todos sabemos que la fábrica esta ahí", explica. "En la urbanización desenganchas de la ciudad y estás muy próximo a la civilización. Tardo 10 minutos en llegar al estadio Santiago Bernabéu, y 20 minutos al Vicente Calderón, por la carretera de circunvalación M-30".

"El gas llegó primero"

Los vecinos también saben que Gas Madrid llegó primero. La fábrica inició su actividad hace 17 años, cuando a su alrededor todo era un descampado y cumplía las normas sobre actividades peligrosas. En 1969, siendo alcalde Carlos Arias Navarro, varias constructoras solicitaron al Ayuntamiento autorización para edificar en la zona. Gas Madrid interpuso escritos, recursos y otros trámites administrativos, y siempre perdió. Los más de 300 trabajadores de la fábrica Norte realizaron el pasado día 8 un paro en recuerdo de los dos compañeros fallecidos el pasado año al incendiarse un depósito que se estaba revisando y que llevaba 15 días sin ser utilizado. Los dos obreros que el día del accidente resultaron también heridos de gravedad no acudieron al trabajo el pasado día 8. "Se han incorporado al trabajo, pero están afectados psicológicamente por el accidente y prefirieron no venir", afirma un portavoz del comité de empresa.

Tras el accidente se abrió un sumario, que aún no está cerrado, para determinar la causa exacta que motivó la explosión. Un portavoz del comité, en el que tiene mayoría CC OO, asegura que la batalla fundamental de los sindicatos consiste en lograr que se cumplan las normas de seguridad. Los trabajadores de la fábrica Norte saben que los accidentes laborales son siempre graves o mortales. "Existe una normativa básica; para que no sucedan accidentes sólo hace falta que se cumpla con rigor, y en muchas ocasiones se saltan diversos trámites antes de iniciar cualquier operación", afirma.

Zona de paso de aviones

Pilar García Peña, presidenta de la junta del distrito de Hortaleza, confiesa que la ubicación de la fábrica de gas es una preocupación constante. "Debería desaparecer de ahí, aunque sabemos que es un problema de difícil solución. Enrique Guerra, alcalde comunista de San Fernando de Henares, localidad de 20.000 habitantes, considera que los vecinos de su término municipal "viven bajo un riesgo continuo". En la zona industrial se ubican dos grandes instalaciones de gas de Campsa y Butano, rodeadas de núcleos aislados de población. A unos cuatro kilómetros de estas instalaciones viven más de 10.000 personas en la urbanización Parque de Cataluña, de Torrejón de Ardoz. Por la misma zona, que es lugar de paso obligado de aviones, discurre también el gasoducto de la base americana de Torrejón.

Guerra todavía siente frío en el cuerpo cuando piensa en el avión de Avianca que el año pasado se desvió de su ruta y se estrelló en Mejorada del Campo. "Unos segundos más de vuelo y se estrella en los depósitos, situados a dos kilómetros en línea recta de donde se produjo el choque con el suelo", afirma. A raíz del accidente, el alcalde pidió a las empresas Campsa y Butano que le facilitaran los planes inmediatos de acción en caso de catástrofe. "Sólo Campsa me los ha enviado y dispone de las medidas necesarias de seguridad para atajar los riesgos", afirma.

En la provincia de Madrid existen nueve grandes instalaciones de gas pertenecientes a Campsa y a Butano, situadas en Villaverde, Torrejón, Barajas, San Fernando de Henares y Pinto. En el caso de que en Madrid se produjera una explosión de gas como la de San Juanico -en la que han perdido la vida al menos 398 personas, más de 1.000 no han podido localizar aún a sus familiares y más de 10.000 no han podido regresar a sus hogares-, "se pondría en marcha el plan denominadono Alpha para actuaciones de emergencia, grave riesgo, o calamidad pública ", afirmó Jorge Murtra, coordinador adjunto al director general de Protección Civil.

El plan, que aún no ha sido aprobado por la comisión nacional de Protección Civil, permite estructurar jerárquica y funcionalmente a las autoridades y organismos llamados a intervenir, y establece el sistema de coordinación de los recursos tanto públicos como privados.

El mando único para poner en marcha el plan lo tendría el delegado del Gobierno en Madrid, José María Rodríguez Colorado, y la estructuración técnica para coordinar los diferentes servicios sanitarios de policía y bomberos correrían cargo de la Comunidad Autónoma.