La Junta de Jueces recuerda al Ministerio del Interior que los policías están a las órdenes de los magistrados

La Junta de Jueces de Madrid decidió ayer recordar al Ministerio del Interior la obligación de cualquier miembro de la policía de "obedecer las órdenes recibidas de los jueces", tras estudiar la reciente denuncia del magistrado Jacobo López Barja de Quiroga contra varios policías por presunto desacato y desobediencia cuando intervino en defensa de un detenido. Según las diligencias judiciales, declaradas secretas por el juez instructor, la policía ha matizado que la pistola colocada cerca de la cara del juez no fue la reglamentaria, sino una simulada con la que el detenido intentó poco antes realizar un atraco.

La reunión extraordinaria de la Junta de Jueces fue convocada por su decano, Salvador Domínguez, y a ella asistieron tanto los jueces civiles como los penales, aunque la presencia de estos últimos fue más numerosa. El acuerdo se adoptó por 36 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, entre estas últimas las del propio decano, quien explicó que algunos matices del acuerdo le obligaron a abstenerse.A la deliberación de los jueces madrileños no asistió ni el titular del Juzgado de Instrucción número 25, Juan Miguel Esteve Campillo, que instruye con gran celeridad las diligencias sobre el caso, ni el titular del Juzgado de Instrucción número 15, magistrado Jacobo López Barja de Quiroga, denunciante de los presuntos delitos de que fue objeto por los funcionarios judiciales (ver EL PAIS de ayer).

El acuerdo adoptado por la Junta de Jueces, "con absoluto respeto a las actuaciones jurisdiccionales y disciplinarias que se siguen", contiene los siguientes puntos, que se decidió trasladar al Ministerio del Interior, a través de la Audiencia Territorial de Madrid:

1. Hacer constar a las instituciones del Estado y a todos los ciudadanos que tales hechos constituyen una de las graves consecuencias de la falta, tantas veces expresada, de una Policía Judicial bajo la dependencia de los jueces y del ministerio fiscal, como exige el artículo 126 de la Constitución.

2. Hacer constar que cualquier miembro de la policía está obligado a obedecer las órdenes recibidas de los jueces, sin perjuicio de la responsabilidad en que estos pudieran incurrir.

3. Hacer constar que cualquier juez está obligado a evitar y perseguir la comisión de un posible hecho punible, cometido en su presencia, y los funcionarios policiales han de proceder a evitar los mismos.

4. Hacer constar que lo sucedido en la ocasión analizada ha tenido expresiones anteriores, por lo que se debe afirmar que ciertos sectores de funcionarios de la seguridad del Estado carecen de conciencia clara de las funciones jurisdiccionales y policiales en un Estado social y democrático de derecho, lo que no tanto cabe imputar a los individuos de los cuerpos de seguridad como a las instituciones y autoridades de las que aquellos dependen.

La fiscalía, atenta

Por su parte, el Fiscal General del Estado estudió ayer el tema con sus principales colaboradores y decidió cursar instrucciones a la fiscalía de Madrid para que preste la máxima atención al caso.No se consideró necesario presentar una querella ni personarse en las diligencias judiciales abiertas con ocasión de la denuncia del magistrado, ya que legalmente el ministerio fiscal ya se encuentra personado. Sin embargo, sí se valoró la gravedad de los hechos denunciados y se acordó excitar el celo del fiscal competente.

El Consejo General del Poder Judicial no se ha pronunciado todavía sobre los hechos, de los que tuvo conocimiento por el propio magistrado denunciante, y es probable que los estudie en su sesión plenaria de mañana. Mientras tanto, por lo que se refiere a la versión policial difundida ayer, este periódico pidió a las fuentes de la Seguridad del Estado que la facilitaron que detallara las lesiones producidas por el magistrado al policía supuestamente vapuleado. La respuesta fue: "pues no faltaba más que le hubiera herido". Las fuentes citadas añadieron que el vapuleo había consistido en "cogerle de las solapas". Igualmente, reconocieron no haber obedecido las órdenes del juez.

Por otra parte, los diputados comunistas presentaron ayer en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno solicitando del Ejecutivo las medidas adoptadas contra quienes desobedecieron al juez López Barja de Quiroga y para evitar que se produzcan comportamientos policiales generales del mismo carácter. Señalan los parlamentarios que los hechos denunciados no constituyen un caso aislado y que la versión policial trata de convertir al magistrado en agresor, como ha ocurrido en otras ocasiones con ciudadanos que piden corrección a la policía en su actuación.

El Sindicato Profesional de Policía Uniformada -todavía no legalizado- califica, en cambio, los hechos, según informa Efe, de "una intromisión del juez Jacobo López Barja de Quiroga en la función policial, improcedente por no ser el juez de guardia", y califica de "irrespetuosa" e "impropia de su cargo" su actitud ante los agentes.