El dinero de Leguina

EL PROYECTO del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para establecer un recargo del 3% sobre la cuota del impuesto sobre la renta (IRPF) será aplazado hasta el ejercicio de 1985 (pagadero al año siguiente). Aunque la justificación de esa decisión sea la defectuosa técnica del proyecto de ley y la dudosa constitucionalidad de un gravamen con efectos retroactivos, cabe confiar en que las futuras discusiones entre el Ministerio de Economía, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital se ocupen también de otros aspectos de la medida. En cualquier caso, es una muestra de buen sentido que las autoridades hayan acusado recibo de las protestas.El recargo sobre el IRPF proyectado por el Gobierno de Leguina ofrece, según queda dicho, flancos débiles -desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico. Aunque la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) autoriza a las instituciones de autogobierno para establecer ese recargo, es más que posible dudar de la capacidad de las comunidades autónomas para gravar las rentas generadas fuera de su ámbito.

El Gobierno madrileño ha intentado paliar la impopularidad de su invento recaudatorio mediante la abolición de las tasas municipales de alcantarillado y recogida de basuras, sobre las que la comunidad autónoma no tiene competencia. La cuestión, así enfocada, confunde las tasas pagadas por un servicio con los impuestos establecidos por el Estado. El proyecto constituye así una desviada forma de burlar el principio constitucional de la autonomía muncipal. Porque las autoridades autonómicas, que no pueden suprimir esas tasas, han anunciado, de forma amenazadora e irrespetuosa, que aquellos ayuntamientos madrileños que se atreviesen a desafiar las directrices del Gobierno regional y no derogasen las tasas serían castigados mediante privaciones o recortes de las asignaciones del Fondo de Solidaridad Municipal. El resultado de esa estrategia presuntamente compensatoria sería la concentración en manos de la comunidad autónoma de unos recursos anteriormente administrados por los ayuntamientos de la provincia, con el consiguiente fortalecimiento del control político de los gobernantes regionales.

De otro lado, la afirmación de que el importe del recargo equivaldría a los ingresos derivados de las tasas suprimidas no cuadra con las estimaciones de los expertos. También en la comunidad autónoma madrileña se rompería la cláusula del Acuerdo Económico y Social mediante la que el Gobierno se comprometió a que durante el ejercicio de 1985 no se aumentarían los tipos del impuesto sobre la renta, no habría variaciones en sus bases imponibles y no se producirían modificaciones "ni en el límite de la tributación en el IRPF ni en el límite conjunto de este impuesto y el extraordinario sobre el patrimonio".

Pero el aplazamiento de la medida debe ser también aprovechado para reflexionar no sólo sobre el dinero que se recauda y cómo, sino también sobre el que se gasta y de qué manera. Es necesario plantearse también el destino, en forma de gastos, que tendrían esos ingresos, aumentados y centralizados, de la comunidad madrileña. El presidente Leguina, un político tan capaz como obstinado, afirma que los propósitos de esa furia recaudatoria tienen carácter exclusivamente redistributivo y se orientan a que los municipios más pobres y los vecinos más modestos participen, gracias a la coerción fiscal, de la fortuna de los municipios más ricos y de los contribuyentes más adinerados. Pero la sociología política enseña que los políticos situados en el poder suelen inclinarse por aumentar los recursos públicos a su alcance como medio de maximizar su influencia, elevar su importancia y avanzar en su carrera. La comunidad autónoma madrileña tiene ahora planteados costosos y despilfarradores planes en el terreno de los medios de comunicación, que incluyen nada menos que una televisión regional pública, que succionaría miles de millones de pesetas de los contribuyentes. Cuando otras autonomías de indudable peso e importancia, como la andaluza, han decidido felizmente dedicar esos recursos que el poder desea convertir en propaganda -mientras el Gobierno central ya ha prometido que habrá televisión privada- a necesidades más urgentes de los ciudadanos, Joaquín Leguina y sus colaboradores podrían aprender la lección. Se ahorrarían muchos de esos miles de millones de pesetas que se recaudarían con el recargo del 3% sobre el IRPF.