La filtración de los nombres de implicados en la represion, nuevo golpe para el Gobierno argentino

La publicación por una revista porteña, El Periodista de Buenos Aires, de los 1.351 nombres involucrados por el informe Sábato en presuntas violaciones de los derechos humanos, supone un nuevo factor de alteración en la ya tensa política argentina. En particular, la inclusión en el listado de Pío Laghi, actual nuncio del Vaticano en Estados Unidos, ha levantado sarpullidos en vísperas de un plebiscito sobre el diferendo con Chile por el canal de Beagle, basado, precisamente, en una propuesta mediadora de la Santa Sede.El informe final de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), más conocido por informe Sábato, quedó celosamente guardado el pasado 20 de septiembre en cajas de seguridad del Estado argentino y en entidades bancarias del exterior. Un breve resumen del mismo, de 15 folios, fue dado a conocer entonces a la Prensa, y otro resumen más amplio, de unos 400 folios, está a punto de ser publicado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires bajo el título de Nunca más.

Paradójicamente, la tecnología de punta ha hecho saltar el hermetismo del Gobierno: una cinta de ordenador fue filtrada a El Periodista de Buenos Aires, con los nombres del informe Sábato, desatando la tormenta. El deglose del listado es preocupante: 322 jefes, oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos el general Víctor Pino, actual comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, acantonado en Rosario, y del general Aníbal Verdura, también en actividad; coroneles recientemente ascendidos con el respaldo del Senado democrático de la nación; 62 miembros de la Armada y 26 del Ejército del Aire; 15 clérigos encabezados por Pío Laghi y los arzobispos Antonio Plaza y Blas Conrero, más el sacerdote Federico von Wernich, ex capellán de la policía bonaerense y confesor del ahora detenido general Ramón Camps, también conocido como el carnicero de Buenos Aires.

De entre el bosque desconocido de suboficiales, policías federales y provinciales, gendarmes, miembros del espionaje del Estado o de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), pueden extraerse distinguidas figuras de la represión, muy públicas, y en algunos casos procesadas y en prisión preventiva: los generales retirados Donmingo Bussi, René Azpitarte, Gumersindo Centeno, Santiago Martella, Omar Riveros, Bautista Sasiain, Edgardo Vilas y Suárez Maso (huido), todos ellos ex comandantes de Cuerpo de Ejército; el general Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires, los generales Ibérico Saint Jean y Bartolomé Gallino, que fueron gobernadores bonaerenses; el contraalmirante Chamorro, ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada, el no menos tristemente célebre capitán de corbeta Alfredo Astiz; tres brigadiers generales del Aire -Salinas, Santuchone y Cabrera-, el ex jefe del aeropuerto de Ezeiza, comodoro Ataliba; 30 médicos militares, el último ministro de Defensa de la dictadura, Félix Camblor, el último embajador en Francia, Gerardo Schamis, y hasta tres periodistas: Guillermo Aronin, Luis María Castellanos y Víctor Lapegna.

Las consecuencias de esta revelación anticipada y exenta de matizaciones pueden ser nefastas para la credibilidad jurídica del informe Sábato si, como parece inevitable, muchos de los implicados sólo lo son por testimonios o deducciones indirectas. De resultar así las cosas, éste podría ser el objetivo final de la filtración periodística.

La presencia de religiosos

Hasta ahora el Gobierno no ha dicho una palabra sobre la revelación de la lista secreta, y no se ha producido otra reacción que la vaticana en socorro de uno de sus primeros diplomáticos y, con menor énfasis, de los sacerdotes denunciados como asistentes espirituales de los chupaderos donde se aplicaban tormentos a los detenidos. En Argentina es un secreto a voces -lo han relatado los supervivientes- el que muchos torturados recibían auxilio espiritual, tras las sesiones de picana eléctrica, por parte de mansos sacerdotes que les instaban a declarar para poner fin a sus suplicios. Pero ahora el secreto a voces tiene nombre y apellidos.Especialmente delicada es la situación de Antonio Plaza, arzobispo de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), vinculado a la extrema derecha del peronismo y amigo personal de Herminio Iglesias, patibulario jefe del justicialismo bonaerense. El otro clérigo supuestamente implicado, el arzobispo de Tucumán, Blas Conrero, falleció en 1982 y no puede justificarse. Plaza tampoco lo ha hecho.

Pero donde la sorpresa roza lo insólito es en el caso de Pío Laghi, nuncio del Vaticano en Argentina entre 1974 y 1980. Durante su estancia en Argentina, Pío Laghi equipará reiteradamente la violencia terrorista con el terrorismo del Estado, llegando a justificar este último por razones de autodefensa y de aplicación de los recursos extremos de la ley. En junio de 1976 el diplomático vaticano giró una visita oficial y de cortesía a las tropas que en Tucumán y, dentro del llamado Operativo Independencia, aniquilaron a la guerrilla rural del trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El caso es que el informe Sábato recoge dos testimonios -los 1.276 y 0440- de detenidos que afirman haber visto al Nuncio de amable visita en el centro clandestino de detención Ingenio Nueva Baviera, en Tucumán.