Un conocido abogado de empresa, implicado en el fraude al Fondo de Garantía Salarial

Dos expedientes laborales presentados al cobro al Fondo de Garantía Salarial, presuntamente fraudulentos, fueron gestionados por el conocido abogado de empresas de Barcelona Antonio Sesé González, sin que conste haberse efectuado una investigación exhaustiva sobre éstos. Las diligencias judiciales se centran en presuntos fraudes cometidos, al parecer, mediante la simulación de despidos ante la Magistratura de Trabajo y el intento de cobro, incluso por duplicado, ante el Fondo de Garantía Salarial.

Antonio Sesé frecuenta cotidianamente la Magistratura de Trabajo de Barcelona para representar a sus defendidos en múltiples juicios laborales. Es portavoz habitual en el convenio provincial de la construcción de una de las patronales del sector, la Agrupación de Constructores de Obras. Al conocerse el miércoles la detención de varias personas en relación con el presunto fraude, Sesé se ausentó de sus actividades cotidianas y no compareció a los juicios que tenía señalados en la Magistratura de Trabajo.En fuentes de la abogacía trascendió ese mismo día que, sabedor de que la investigación policial se dirigía hacia su persona, el abogado había manifestado su voluntad de prestar declaración única y directamente ante el juez instructor.

La intervención del abogado en los dos expedientes sujetos a investigación se considera de primer orden, dado que fue él quien tramitó ante los diversos órganos administrativos y judiciales los procedimientos. Por darse la circunstancia de que Sesé representaba al mismo tiempo a la empresa y a los trabajadores, fue solicitada, al parecer, la intervención formal de otro abogado, Jesús Jiménez Ros, que fue detenido por la policía y se encuentra en libertad provisional. Jiménez es funcionario de la Dirección Provincial de Trabajo de Barcelona y ejerce, paralelamente, la profesión privada.

Práctica habitual

Esta conducta está bastante extendida en letrados de la Administración laboral de Barcelona. Abogados del Fondo de Garantía Salarial comparecen ante la Magistratura de Trabajo en juicios representando a empresas privadas y, en alguna ocasión, siendo demandado el propio organismo. Otros letrados conciliadores del Instituto de Mediación Arbitraje y Conciliación (IMAC) mantienen también sus propios despachos de carácter privado. Las primeras manifestaciones públicas sobre irregularidades en el propio Fondo de Garantía se produjo hace dos años y partió de la coordinadora de abogados laboralistas de Barcelona.Un funcionario del organismo fue trasladado después que los laboralistas formularon quejas sobre presuntas anomalías que no han trascendido a la opinión pública ni llegaron, al parecer, a ser investigadas por la autoridad laboral.

Los abogados pusieron de manifiesto en aquella ocasión, al igual que lo habían hecho con anterioridad, el extraño hecho de que algunos expedientes se tramitaban con mayor rapidez y facilidad que otros. Eran, paradójicamente, los procedimientos seguidos por abogados de los sindicatos o de los despachos laboralistas más conocidos en Barcelona, con tradición de defensa de los trabajadores, los que sufrían, precisamente, mayores trabas.

Por el contrario, y misteriosamente, se conocían despachos de profesionales, incluso sin experiencia o de dudosa reputación, que obtenían cobros del Fondo con mayor antelación, hecho que hacía suponer la existencia de ciertas influencias, de raíz posiblemente monetaria, en alguna de las instancias administrativas.