El Tribunal Supremo estudió los recursos interpuestos por los asaltantes al Banco Central

La Sala Segunda del Tribunal Supremo estudió ayer los recursos de casación interpuestos por tres de los condenados por su participación en el asalto al Banco Central de Barcelona, hecho ocurrido el 23 de mayo de 1981.

Los recurrentes son Juan José Martínez Gómez (el número uno), Jorge Valenzuela Marcos y Tomás Paz Trenado, que fueron condenados a más de 30 años por delitos de robo con violencia e intimidación a las personas, delito-masa (pluralidad de acciones que en una misma ocasión infrinjan un determinado precepto legal), de detención ilegal y tenencia ilícita de armas. Los que tenían antecedentes, como Martínez y Paz, fueron condenados a penas superiores a los que, como Valenzuela, no los tenían, pero todos ellos superaban los 30 años de reclusión, límite máximo de prisión que establece la legislación española.En la vista de los recursos, intervino en primer lugar el abogado defensor de los asaltantes, José María Cánovas, quien señaló que los hechos no podían calificarse como detención ilegal, a pesar de que en el interior del banco había 263 personas, sino robo con intimidación.

Señaló que la intención de sus defendidos no era secuestrar a las personas que se encontraban en el banco, sino apoderarse del dinero, y que la intimidación duró el tiempo necesario para llevar a cabo su propósito. El abogado argumentó que el Código Penal no establece un criterio cuantitativo para determinar cuándo el robo con intimidación se convierte en detención ¡legal.

José María Cánovas estimó que sólo Juan José Martínez debe ser condenado por robo con violencia, al haber causado lesiones a Ricardo Calafell.

El fiscal impugnó los recursos de casación, y señaló que durante el asalto existió detención ilegal porque, al fallar la intencionalidad inicial de los asaltantes, tomaron rehenes para ejecutar el delito, los tuvieron retenidos y acudieron al móvil político. En caso de que el Supremo estimara alguno de estos argumentos, afectaría a todos los condenados y no sólo a los que han recurrido.