Los empresarios creen que el recargo sobre el IRPF aumentará la presión fiscal

El presidente de la Confederación de Empresarios Independientes de Madrid (CEIM), Jose Antonio Segurado, afirma en una carta enviada a Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, que acudir a medidas de mayor presión fiscal contribuirá a empeorar la grave situación económica que atraviesa la provincia de Madrid". Segurado se refiere a la propuesta realizada por los ayuntamientos con más población de Madrid, gobernados todos ellos por mayorías socialistas, para establecer un recargo del 3% en el impuesto sobre la renta de las personas fisicas (IRPF) con el fin de crear "un fondo de solidaridad intermunicipal".El proyecto, según la CEIM, recoge aspectos contradictorios, ya que un simple análisis demuestra que no es posible que los ingresos obtenidos a través de este recargo sirvan para crear un fondo de solidaridad y además sustituir o eliminar determinados tributos municipales. "Si la cantidad recaudada" dice Segurado en la carta, "es igual a la oantidad que se obtenía con los impuestos suprimidos, no puede hablarse de crear un fondo de solidaridad, sino simplemente de un cambio en las bases recaudatorías". "Si por el contrario" continua la carta, "la cantidad es superior a la que se obtenía con los anteriores tributos, ésto supondría establecer un sistema fiscal progresivo no adecuado a lo que debe ser la tributación local".

El presidente de CEIM considera que el recargo sobre el IRPF "supondría un incremento de la presión fiscal territorial por adición a la estatal" precisamente cuando la voluntad del Gobierno, según el Acuerdo Económico y Social, es conseguir más ingresos mejorando la gestión tributaria y luchando contra el fraude.

El sistema propuesto por las corporaciones madrileñas no es, a juicio de la CEIM, el más adecuado. "La base del sistema", añade Segurado, "serán las rentas de las personas fisicas con domicilio fiscal en determinados municipios, pero los recursos obtenidos no tendrán que aplicarse obligatoriamente en el municipio de las personas que los pagan, con lo cual en el ámbito de la Comunidad de Madrid quedará difuminada la gestión poco eficaz de algunas corporaciones municipales, que cubrirían sus déficits con recursos generados por personas que viven en otras localidades.