El Gobierno es el único que asume compromisos en el AES para fomentar la inversión y crear empleo, según la patronal CEOE

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) está convencida que los compromísos asumidos en el acuerdo Económico y Social (AES) sobre inversión y empleo, corresponden en su totalidad al Gobierno, según se desprende del Boletín CEOE, órgano de la patronal. Las afirmaciones recogidas en el número de octubre de la citada publicación no hacen sino reafirmar las declaraciones públicas de sus dirigentes, efectuadas tras suscribir el acuerdo.Con el titular "El Gobierno asume el compromiso de fomentar la inversión y el empleo", el último número del órgano oficial de la CEOE analiza el contenido del AES y subraya que por parte de la patronal no se asume la política económica del Gobierno, "pues este mantiene su total responsabilidad en la materia, y que los empresarios continuarán analizando y criticando cualquier desviación de esa política".

El Boletín CEOE hace referencia a declaraciones del presidente de la organización empresarial, José María Cuevas, tras la firma del acuerdo en las que el dirigente de la CEOE asegura que "el AES supone un compromiso del Gobierno para fomentar la inversión y, consiguientemente, crear empleo".

Adecuar la legislación

También como compromiso del Gobierno, José María Cuevas, incluye la adecuación de nuestra legislación a la existente en los países del área de la Comunidad Económica Europea (CEE). "Después del plazo de seis meses, toda la responsabilidad corresponde al Gobierno y a su presidente" -dice Cuevas- "Si no cumple con su responsabilidad, no denunciaremos el acuerdo, pero diremos a la opinión pública que no se cumple el compromiso".La adaptación de la legislación laboral española a la comunitaria es entendida por la CEOE como una mayor flexibilidad en los expedientes de regulación de empleo, o despidos colectivos. Cuevas, que reconoce que en materia de contratación estamos por encima de la media de los países europeos, afirma, sin embargo, que "el intervencionismo es absoluto en la resolución de los expedientes de regulación de empleo".

Éste fue -y continúa siendo- uno de los puntos más conflictivos del acuerdo. Durante las negociaciones la CEOE pedía, en principio, que se quitara la autorización administrativa para proceder al despido colectivo. La falta de acuerdo en este aspecto provocó la práctica ruptura de las conversaciones que fueron reconducidas por el presidente del Gobierno. Un nuevo texto, en el que se recoge el reconocimiento por parte del Gobierno de la necesidad de modificar la legislación española de acuerdo con la comunitaria, fue aceptado por todas las partes y permitió la firma del AES.

Sin embargo, la lectura que cada uno de los interlocutores hace del texto del acuerdo es distinta. Para la CEOE existe un compromiso firme del Gobierno que sólo puede ir en la dirección de suprimir la autorización previa. UGT interpreta que al reconocerse en la CEE el derecho de los Estados miembros a mantener otra legislación más favorable a los trabajadores -como es el caso de la española- no habrá cambio alguno en este sentido.