Enmienda del PSOE y Minonía Catalana para permitir la regulación de las comarcas

El Grupo Socialista y la Minoría Catalana hicieron efectivo ayer el acuerdo alcanzado hace dos semanas entre ambos grupos sobre la futura ley de bases de Régimen Local, y aprobaron en el Congreso una enmienda transaccional en ese texto mediante la cual se recoge la posibilidad de crear una organización territorial diferente de las diputaciones. Así, la Generalitat podrá establecer una distribución de la comunidad autónoma en comarcas, vieja aspiración del catalanismo.Según el acuerdo, Cataluña podrá desarrollar en el futuro un proceso legislativo que convierta su territorio en una organización administrativa basada en las veguerías, instituciones anteriores a los decretos de Nueva Planta de Felipe V.

La modificación de su mapa para pasar de cuatro provincias a nueve veguerías deberá hacerse por medio de una ley orgánica en las Cortes, como recoge el artículo 141 de la Constitución. Este precepto señala que "cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica"; y añade que "el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo". El apartado tercero establece que "se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia". La regulación de las competencias de las comarcas será realizada posteriormente el Parlamento catalán.

La enmienda aprobada dispone que en donde el proyecto decía "el Gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponde a la diputación" figurará además, según aprobó la Comisión de Administraciones Públicas, "u otras corporaciones de carácter representativo", exactamente la expresión que figura en el artículo 141 de la Constitución.

El socialista Luis Fajardo, presidente de la comisión, dejó el puesto a su compañero de grupo Juan Barranco para poder actuar como ponente en la ley, y cuando habló de la provincia como ente de carácter supramunicipal desde la doctrina de las Cortes de Cádiz, resaltó el carácter de organización básica del Estado, pero convino que no se puede dar el mismo tratamiento a todas las regiones españolas.

Modesto Fraile, por el Grupo Popular, al defender una de sus enmiendas, arguyó que el dintel de competencias para las diputaciones es excesivamente bajo. Fraile defendió la necesidad de fortalecer las diputaciones para lograr un equilibrio dentro del autogobierno autonómico. Su postrera petición, que fue rechazada, estuvo encaminada a que en las comisiones de las diputaciones quede reflejada la presencia de las minorías, como sucede en el Pleno.