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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Embajador de quién

CUALQUIERA QUE sea el delito -y éste parece efectivo- que los marineros españoles del Sonia hayan cometido al infringir las normas de pesca en aguas irlandesas, la declaración del embajador español en Dublín, Luis Jordana de Pozas, defendiendo las tesis de la Marina irlandesa y diciendo que ya se lo había avisado él al capitán del pesquero, inspiran repugnancia a cualquier ciudadano que se sienta español y contribuya con sus impuestos a sufragar el salario del señor embajador. Las primeras declaraciones de los tres tripulantes llegados ayer a Madrid contradicen las arriesgadas e imprudentes manifestaciones efectuadas por el diplomático el pasado sábado. Parece que podía aspirarse a que el Gobierno y su representante en Dublín, aun reconociendo la infracción del pesquero, protestaran por la a todas luces desproporcionada reacción de la patrullera irlandesa, que ha podido costar la vida a los pescadores españoles. Nada de eso. El señor Jordana de Pozas se ha mostrado más preocupado por las reacciones del Gobierno irlandés que por la suerte de los náufragos. Y, sin embargo, tenía un precedente menos grave a su alcance para haber adoptado una actitud más digna: el ametrallamiento en parecidas circunstancias del Valle de Artxondo por la Marina francesa, que ya mereció la condena de la opinión pública por su brutalidad, independientemente de que los pescadores transgredieran las normas.El problema de las pesca es probablemente el más encrespado, difícil y espinoso de cuantos contempla España en sus negociaciones con la Comunidad Económica Europea. Es cierto que determinados armadores españoles infringen repetidas veces las reglas comunitarias, y nos, preguntamos si en nuestro territorio el Gobierno hace todo lo que puede para sancionar a estos armadores y se esfuerza, en cambio, por ayudar a quienes son respetuosos con la ley. Pero por más que se quiera analizar la cuestión, la respuesta de la patrullera irlandesa, hurdiendo al barco con un fuego persistente y certero, se parece bastante a una acción de guerra contra una tripulación desarmada: un acto moralmente criminal. La circunstancia de que los marineros se hayan salvado no empece para nada el uso de este calificativo. Pero sí lo empece a ojos del embajador Jordana de Pozas, que por su cuenta y riesgo ya ha calificado de disparos de advertencia los que hundieron el barco, antes de que una investigación en regla determine ésta y otras cuestiones. En sus atropelladas aseveraciones de primera hora se ha permitido asegurar que el pesquero intentó abordar a la patrullera -según transmite la agencia Efe-, cosa que parece descartada y que en cualquier caso es bastante impensable, e ignora las versiones oficiales irlandesas, que reconocen haber tirado a dar después de los disparos de advertencia.

La actitud de armadores y pescadores españoles dificulta sin duda alguna la negociación con la CEE, que se verá además afectada por este nuevo incidente. Pero lo que más lo dificulta es la persistente irresponsabilidad de nuestro servicio exterior, empeñado en contemplar un tema en el que se están jugando vidas humanas como una cuestión de diplomacia de guante blanco. El señor Jordana de Pozas no ha salvado ninguna reponsabilidad, ni política ni profesional, ni ha mejorado las relaciones con el Gobierno de Dublín saliendo en apoyo de éste. Simplemente ha demostrado que no tiene ninguna de las capacidades exigidas para ser embajador de España. O que, bien mirado, quizá las reúne todas, si se contempla la nómina y se expurgan las muy honrosas excepciones.

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