El Plan de Empleo Rural (PER) ayuda a quitar el hambre, pero no resuelve el problema del paro andaluz

Problemas burocráticos han impedido que, a los nueve meses de su puesta en marcha, el Plan de Empleo Rural (PER) haya dado los resultados esperados. La entrega del subsidio se ha producido con regularidad y ha contribuido, junto a la buena cosecha, a disminuir mucho la conflictividad en el campo, pero el Instituto Nacional de Empleo (Inem) ha sido incapaz de controlar el fraude en los censos. La formación ocupacional no ha existido. El Gobierno piensa abrir un período de amnistía para que los numerosos trabajadores que se supone no han declarado todas las jornadas trabajadas puedan hacerlo de aquí a fin de año.

El PER introducía esperanzadoras novedades respecto al sistema anterior de empleo comunitario. Se hacía llegar dinero a los trabajadores del campo por dos vías: un subsidio de desempleo sui géneris, que cubre 18G jornadas a lo largo de nueve meses, de febrero a octubre, y a razón de 20 días por mes, y la oferta a los trabajadores del campo de trabajar con salarios-convenio en trabajos de la rama agrícola o de cualquier otra, correspondientes a proyectos del Estado afectos a tal fin al plan. Además de eso, el PER se proponía un tercer tipo de acciones, la formación ocupacional, para jóvenes del medio rural que aún no hubieran accedido a un trabajo.El primer y principal problema llega a la hora de depurar el censo de beneficiarios. Hasta qué punto el censo de trabajadores eventuales del campo está hinchado o es confuso es algo que aún no se ha podido evaluar. En principio, se permitió ser beneficiarios del sistema a todos aquellos que el año anterior hubieran sido perceptores, aunque fuera por un solo día, del paro comunitario. Luego, sobre esos censos, se trataría de depurar a quienes no tuvieran derecho a ello, bien por no ser trabajadores agrícolas con seis meses de antigüedad en el Régimen Especial Agrario, o por incurrir en alguna o varias de las incompatibilidades que el decreto señalaba.

Faltan denuncias

Al cabo de nueve meses existe la conciencia de que siguen presentes en los censos muchas personas que no deberían estar. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que lidia este problema con dificultades Y buen tacto, señalaron a este periódico que el Inem no tiene posibilidades materiales para descubrir todos los casos que hay, en especial si, como ocurre, no hay denuncias por parte de los alcaldes ni convecinos.

Solicitar una caza de brujas en este sentido es, por otra parte, difícil y peligroso en un contexto deprimido y confuso como el del campo andaluz, y puede avivar viejas resacas de enfrentamientos entre familias, que en algunos casos son aún resaca de la guerra civil.

Mediante un plan intensivo, llevado a cabo entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, se excluyó del plan a 7.566 subsidiados entre Andalucía y Extremadura, ámbito de aplicación del PER. Casi la mitad corresponde a la provincia de Sevilla, de la que, con posteriores inspecciones, se ha aumentado el número de bajas hasta 5.017. De ellas, más de la mitad se! han producido por participar en el PER sin llevar al menos seis meses de alta en el Régimen Especial Agrario. Es decir, por no ser, objetivamente, trabajadores del campo. De hecho, según fuentes de la Delegación del Gobierno, de un total de 40.000 subsidiados del sexo masculino durante el mes de agosto en la provincia de Sevilla, cerca de 26.000 no habían trabajado ese mes ninguna peonada en el campo. Y entre las mujeres, el dato era mucho más espectacular: 11.608 subsidiadas y 10.222 sin ninguna leonada. Por mucha escasez de trabajo que haya, es difícil pensar que un porcentaje tan alto de subsidiados sea incapaz de conseguir una sola peonada en el mes.

Pero es que la declaración de peonadas trabajadas tampoco parece estarse haciendo con regularidad. El sistema preveía que, para tener cabida el año próximo en el mismo, sería preciso acreditar 60 jornadas de trabajo en el presente, de las que al menos 30 debían corresponder a tareas agrícolas, y las otras 30 podrían completarse con trabajos en los proyectos afectos al plan. Lo que se pensaba que debiera suponer un estímulo para declarar jornadas a fin de mantenerse en el censo no ha tenido tal efecto, sino que a veces ha sido el contrario. Un ejemplo espectacular es el de la provincia de Jaén, donde según los últimos datos facilitados por los empresarios agrícolas, se habrían producido 1.800.000 peonadas y, sin embargo, el número de las declaradas por jornaleros es de 400.000.

Incapacidad burocrática

El deseo de sabotear la frontera de las 60 jornadas con la técnica de "que no declare nadie, así nos salvamos todos", podría ser una de las causas de ese monumental desfase. Otra puede ser que un trabajador cobra los 20 días de subsidio mensuales sólo en el caso de que no haya trabajado más de 10 jornadas. El que trabaje más de 10 va descontando, por cada jornada que exceda de ese número, una de percepción del subsidio.

Pero frente a todo esto se alza la incapacidad burocrática para poner en marcha la parte más ambiciosa del plan, la de dar trabajo reclamación permanente de lo trabajadores. El delegado del Gobierno en Andalucía, Leocadio Marín, confía en que, una vez salvadas las dificultades, se llegue

fin de año con el cumplimiento de un 80% del programa. La predicción es exageradamente optimista a juicio de los sindicatos y, en cualquier caso, se ha confirmado la dificultad de que algunos proyectos en especial los del MOPU, sean útiles para dar trabajo a eventuales sin ninguna especialización de ese tipo.

En realidad, sólo los trabajo del ICONA y el IRYDA se han de mostrado adecuados; pero el ICONA y el IRYDA ya daban trabajo antes a los jornaleros, y los sindicatos estiman que lo único que se ha hecho es un cambio de nombre para una situación que sigue en e mismo punto en que estaba. La Junta de Andalucía, por su parte ha tenido grandes problemas par incorporar proyectos al PER por que ha estado recibiendo las transferencias durante el año y era claramente imposible poner la maquinaria en marcha.

Finalmente, la tercera de las patas en que se apoyaba el nuevo sistema, la formación ocupacional no se ha puesto en marcha. Ha quedado aplazada para el año próximo.

Pese a todo, Leocadio Marín estima que el nuevo sistema, aun con las dificultades que ha ofrecido su puesta en marcha, arroja un resultado positivo. Concede a los jornaleros el derecho a un subsidio de desempleo, aunque sea muy sui géneris, y a través del no logrado PER busca el darles el mayor número posible de jornadas de trabajo al año.

De hecho, este año ha habido mucha menos tensión en el campo que en los anteriores, y una campaña programada por Comisiones Obreras para realizar movilizaciones este otoño ha fracasado estrepitosamente. Pero CC OO y SOC apuntan como mayor causa de la tranquilidad social la gran cosecha que ha habido este año, con lo que no vienen sino a confirmar la sospecha de que muchos trabajadores no declaran las peonadas reales. Respecto a las recientes noticias de fraude en los censos, a cargo de UGT, ambos sindicatos apuntan que se trata de una campaña de descrédito a los jornaleros, que tendría por finalidad el salvar lo que consideran que es un rotundo fracaso del plan.