Otra crisis político-financiera

DESDE EL 18 de septiembre los órganos rectores de la Caixa de Catalunya, una entidad con 250.000 millones de pesetas en depósitos, protagonizan una grave crisis. Ha sido un problema por etapas, cada una más grave que la anterior, y que no debe prolongarse más, aunque, afortunadamente, no afecte a los depósitos. Este debe ser el objetivo de la Generalitat, la administración que ostenta en Cataluña casi todas las competencias sobre estos temas, por lo que le corresponden legalmente las funciones tutelares que antes desempeñaba el Ministerio de Economía. Dicha institución autonómica tiene ante sí una ocasión óptima para hacer un eficaz despliegue de estas competencias. En efecto, se ha convocado para el próximo viernes, día 19, una asamblea para modificar los estatutos de La Caixa, en detrimento de los intereses de la corporación fundadora, la Diputación de Barcelona, actualmente con mayoría socialista. La convocatoria ha sido impugnada por la diputación, que la considera irregular.Se trata inequívocamente de una crisis de evidentes derivaciones políticas en una institución financiera. Y se trata de la primera crisis seria de este tenor que debe ser resuelta por una Administración autonómica.

Esta caja, de fundación pública, aplicó en 1979 y 1982 de forma tan presuntamente irregular como muchas otras de las 79 cajas españolas el Decreto Fuentes de agosto de 1977, que establecía la llamada democracia futbolística o representación por compromisarios. Muchos de los consejeros elegidos por el cupo de los impositores resultaron ser, curiosamente, hombres muy próximos a la línea ejecutiva de La Caixa, y en algunos casos son directamente altos cargos que responden de su cometido profesional ante el director general, Joan Bilbao. Un inestable pero real y ajustadísimo equilibrio de poderes con los otros cupos -representantes de los empleados, de entidades culturales y de la diputación- se ha mantenido durante dos años, que han tenido excelentes resultados financieros, bajo la presidencia de un catedrático socialista, Josep Lluís Sureda, y la vicepresidencia de un economista comunista, Santiago Marimón. Esta situación resultó, pues, positiva en sus resultados, aunque encontró críticas de los sectores convergentes y derechistas, que decían lamentar una supuesta politización de la institución. La voluntad de Sureda de ejercer realmente su cargo, sin ser un presidente de paja, encontró, asimismo, resistencias en el director general.

La renovación de cuatro miembros del consejo, este verano, supuso la ruptura del equilibrio. Lejos de buscarse el consenso, se preparó la sustitución de los cesantes por partidarios de la línea del director general. Tensiones, escritos y recursos administrativos jalonaron el proceso, que culminó con una renovación supervisada por un delegado del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat. El sentido de este reajuste se reveló poco después, el 4 y el 18 de septiembre, cuando el denominado bloque conservador -partidario del director general y contrario a la diputación barcelonesa- apoyándose en su nueva mayoría de 11 votos contra 9, decidió destituir a Sureda. Fue una sesión tormentosa cuyos acuerdos resultaron posteriormente impugnados por falta de requisitos formales.

Siguió entonces una radicalización de posturas. El 27 de septiembre, el bloque conservador, en solitario, ofrecía la presidencia a un vocal, el editor Josep María Castellet, elegido por la diputación, con lo que parecía querer limitar el litigio a una cuestión de falta de sintonía personal. Pero en realidad se trataba de cubrir el expediente cumpliendo transitoriamente los estatutos de la entidad, una de cuyas claúsulas establece que la presidencia debe recaer en uno de los vocales representantes de aquella corporación fundadora, como contrapartida a que ella garantiza la solvencia de la caja. En la misma sesión -cuya celebración también ha sido impugnada- los presentes convocaron una asamblea general extraordinaria para suprimir aquella cláusula.

Durante todo este proceso, la intervención de la Generalitat de Catalunya no ha resultado ni muy rápida ni muy airosa. Nombró un delegado en junio-julio para supervisar la renovación de consejeros -que a la postre benefició a la línea conservadora-, pero no lo hizo cuando estalló la verdadera crisis; se negó a abrir una investigación sobre el desarrollo de las cuestionadas elecciones de 1983, pero inscribió el polémico cese de Sureda en el registro; dictó una orden sobre expedientes sancionadores (luego recurrida ante el Tribunal Constitucional), el 19 de junio, y luego la enmendó ¡por corrección de erratas! cuatro semanas más tarde. Hizo, en suma, una serie de actuaciones muy complejas. Y si a ellas se le añade el dato de que el asesor jurídico y secretario de actas de la caja, a las órdenes del director general, simultanea sus funciones con las de director del Gabinete Jurídico Central de la Generalitat, de modo que su titular, Ramon María Llevadot, puede acabar haciendo de juez y de parte en el litigio, el balance final no es muy brillante.