La Dirección General de Aduanas ayudará a las empresas importadoras perjudicadas por el fraude

El director general de Aduanas, Miguel Angel del Valle, se ha dirigido a representantes de las empresas importadoras perjudicadas por el fraude y las irregularidades descubiertas en Barcelona para ofrecer el compromiso de ayuda de la Administración con el objeto de que las sociedades afectadas puedan regular sus deudas con Hacienda en las mejores condiciones posibles.

La suspensión de pagos de tres agentes de aduanas, Batchillería, SA; Aymsa, y Freixas, SA; ha dejado en una difícil situación a numerosas empresas importadoras que pueden encontrarse ante la ingrata situación de tener que volver a pagar unos aranceles que ya habían satisfecho a las agencias. Las suspensas han dejado unas deudas, a la Administración de más de 800 millones de pesetas. Esta cantidad corresponde a aranceles recibido por los agentes de aduanas de los importadores pero que éstos no llegaron a pagar a Hacienda. La situación creada en Barcelona podría haber tenido peores consecuencias de no ser por las medidas de saneamiento adoptadas por la Administración desde que se produjo el cambio de Gobierno en 1982. En este aspecto, cabe destacar el aumento de las garantías exigidas a los agentes que en este período han pasado del 15% al 100% de volumen de sus operaciones.

En esta política de saneamiento la Dirección General ha reducido progresivamente los plazos que disponían los agentes para efectuar los pagos desde los 45 días iniciales a los 15 permitidos en la actualidad. Con ello, la Administración intenta reconducir a los agentes de aduanas a su verdadera función de asesores fiscales y gestores de los importadores impidiendo al mismo tiempo que actúen como bancos financiando a las empresas y por tanto corriendo unos riesgos para los que carecen de amparo legal y garantías.

En muchas aduanas constituye una práctica generalizada por parte de los agentes la finaciación hasta 90 días de los derechos aduaneros, con el correspondiente pago de intereses. Esta actividad ha facilitado un determinado tipo de financiación del comercio exterior con altos intereses y con un elevado nivel de riesgo, que en caso de percances como los registrados ahora en Barcelona ha representado grandes trastornos para algunos importadores.

En este línea de saneamiento y mejora de los servicios Miguel del Valle ha señalado la conveniencia de profesionalizar al máximo a los agentes de aduanas. "Soy partidario", ha señalado, "de que la suya sea incluida como una actividad específica en el proyecto que regulará los colegios profesionales y que se exiga un título superior para el ejercicio de sus funciones".

Sin embargo, el director general ha señaldo también que los importadores no precisan la intervención de las agencias para tramitar las importaciones. "La legislación actual", afirma del Valle, "autoriza a los importadores para que puedan efectuar todos los trámites directamente e incluso en determinados casos, si cumplen ciertos requisitos, se permite que se efectúe el despacho en sus propias instalaciones". "Nuestro objetivo es dar la mayor facilidad para el ejercicio del comercio y adoptar sistemas como el vigente en Francia, donde a través de una terminal de ordenador el propio importador despacha la mercancía y recibe automáticamente los despachos y autorizaciones correspondientes".

Entrada en la CEE

La política de saneamiento de las aduanas iniciada por la Dirección General a comienzos de 1983 perseguía, en última instancia, la modernización de los servicios para facilitar la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE). Las autoridades españolas están interesadas en lograr la mayor transparecncia posible en este campo, ya que tras la citada adhesión, la contribución de España al presupuesto de la CEE se nutrirá principalmente de los ingresos obtenidos por derechos arancelarios. Ello ha obligado a la Dirección General a desplegar una política encaminada a desterrar prácticas irregulares.