La violencia del IRA y de los grupos protestantes ha provocado 2.300 muertos en Irlanda del Norte y 72 en Gran Bretaña

El saldo de 23% muertos; en Irlanda del Norte y de 72 en Gran Bretaña registrado durante los últimos quince años como consecuencia de la violencia del IRA y de los grupos fanáticos protestantes, llevaron al Parlamento británico a aprobar dos leyes especiales destinadas a la prevención y lucha contra el terrorismo, que fueron probablemente de las primeras de su tipo en Europa. Todo comenzó a finales de los años sesenta, cuando los católicos del Ulster lanzaron una campaña en defensa de sus derechos civiles. La dominación de la mayoría protestante y una peculiar distribución electoral hacían que incluso distritos con mayoría de católicos estuvieran representados en el Ayuntamiento o en el Parlamento por concejales y diputados unionistas.

La campaña fue acogida violentamente por algunos sectores protestantes y el 14 de agosto de 1969 el Gobierno local lanzó un desesperado llamamiento a Londres para que fueran tropas británicas las encargadas de restaurar el orden. El entonces ministro del Interior, el laborista James Callagham autorizó el envío de una compañía del regimiento del Príncipe de Gales. El pequeño destacamento destinado a patrullar en las zonas católicas de Londonderry, West Belfast y South Armagh, en lugar de la policía local, acusada de sectaria, fue acogido al principio con alivio. Sin embargo, la llama ya estaba avivada para permitir el renacimiento del Ejército Republicano Irlandés (IRA). En los años siguientes, la violencia no solo no disminuyó sino que aumentó. Las primeras medidas especiales se adoptaron en agosto de 1971, cuando se autorizó el internamiento masivo en Campos de vigilancia de "nacionalistas sospechosos de ayudar al IRA". Los detenidos podían pasar meses en dichos campos, sin que se formularan cargos contra ellos y sin que comparecieran ante la justicia. Las medidas de excepción fueron ampliamente criticadas en la República de Irlanda y en medios jurídicos británicos, Los hechos dieron la razón a los detractores de las medidas especiales: la corte europea de derechos humanos, en Strasburgo, condenó a Gran Bretaña por tratamientos inhumanos o degradantes.

La espiral continuó y para 1972, auténtico año negro para Irlanda del Norte y para Gran Bretaña, el Gobierno de Londres mantenía en el Ulster 21.000 soldados y oficiales. Fue entonces cuando se decidió implantar una nueva legislación especial, la Emergenry provisions act, aplicable solo en el territorio de Irlanda del Norte. La ley sigue estando en vigor hoy, pese a su carácter provisional. Cada seis meses, el ministro para Asuntos del Ulster solicita al Parlamento su prórroga, tras un discurso en el que explica que las condiciones no han cambiado lo suificiente como para permitir su derogación.

Las Emergency provisions autorizan a la policía a registrar, detener e interrogar a los sospechosos de estar implicados en actos terroristas. Los detenidos deben comparecer ante un juez, pero en su juicio no interviene un jurado, como es lo obligado en el resto del territorio nacional. En el caso de Irlanda del Norte, se consideró que los grupos terroristas podían intimidar fácilmente a los ciudadanos elegidos para formar parte de los jurados y, excepcionalmente, se autorizó a los magistrados a pronunciar por sí mismos la sentencia. La decisión fue muy criticada, pero se demostró que era imprescindible. Muchos norirlandeses se negaban a intervenir en juicios, bien fuera contra presuntos miembros del IRA o de los grupos terroristas protestantes, porque habían sido amenazados, ellos y sus familias. Hoy día los jurados siguen siendo inexistentes.

La misma ley de emergencia autoriza a la policía a declarar ilegales organizaciones presuntamente relacionadas con actividades terroristas. De acuerdo con este artículo, están declaradas fuera de la ley el IRA, el INLA (rama escindida y más violenta del Ejército Republicano irlandés), el loyalist Ulster Freedom Fighters, la Ulster volunteer Force y los Comandos dela mano roja, estos tres últimos de inspiración protestante.

Un año después de aprobada esta ley, el Gobierno comprendió que era insuficiente, porque permitía a los terroristas, trasalarse al territorio de gran Bretaña y escapar a las medidas excepcionales. Así, en 1976 el Parlamento dio el visto bueno a la Prevention of terrorism act, que rige en todo el Reino Unido. Los sospechos terroristas pueden ser perseguidos hasta cualquier otra parte de la nación.

Poderes discrecionales

La ley de 1976 permite también expulsar de Gran Bretaña (es decir, de Inglaterra, Escocia y Gales) a cualquier persona sospechosa de conexión con grupos violentos. Una vez más estos poderes discrecionales del Ministerio del Interior levantaron una enorme polvareda, porque suponía una discriminación evidente. La policía puede negar la entrada en Escocia o en Inglaterra a un militante del SINN FEIN, pese a que es un partido legal y sin ningún tipo de explicaciones. La discusión alcanzó su momento cumbre cuando el líder de dicho partido, Gerry Adams fue invitado por el Area Metropolitana de Londres a visitar la capital británica. El Gobierno anunció que sería expulsado sin miramientos. Finalmente -y dado que Adams es miembro de la Cámara comunes aunque nunca haya ocupado su escaño- fue autorizado a acudir a Londres, pero de forma excepcional. La ley de Prevención del Terrorismo tiene categoría de provisional, lo que quiere decir que cada año el parlamento de West Minster, delibera sobre si prorrogarla o no. Hasta ahora nunca ha negado su visto bueno.

El Gobierno conservador de Margart Thatcher estudia la posibilidad de convertir dicha ley en otra con cinco años de vigencia y algunos poderes excepcionales ampliados.

Un nuevo paso en la lucha contra el terrorismo se dio a principios de los años ochenta al autorizarse a la policía de Irlanda del Norte a reclutar "activistas arrepentidos".