El Gobierno traslada a cárceles de Euskadi a presos vascos que se han acogido a la vía de reinserción social

El Gobierno trasladó ayer desde la prisión madrileña de Alcalá-Meco a la de Nanclares de la Oca (Álava) a 15 presos vascos, todos ellos acogidos a la vía de reinserción social que gestiona el Defensor del Pueblo e impulsa el Gobierno vasco, este último a través del senador nacionalista Joseba Azkárraga. Con este traslado, al que seguirá en los próximos días otro de 19 internos, el Gobierno "facilita a aquellos presos que han renunciado al empleo de las armas y han abandonado cualquier práctica terrorista el poder estar más cerca de sus familias y de su entorno geográfico", según fuentes de la Administración.

Estos presos forman parte de la relación de los 43 firmantes que el pasado mes de abril dirigieron un comunicado al Gobierno dando fe "de que la lucha por la defensa y reivindicación de los legítimos ideales políticos que cada uno puede tener puede hacerse hoy en Euskadi a través de las vías democráticas, sin recurrir nuevamente a las armas". Los presos, en su escrito, dejaban constancia "de nuestra total desvinculación de cualquier organización armada y de nuestro rechazo de la violencia como medio de actuación política" y solicitaban indultos particulares.Hasta la fecha, en relación con esta petición, el Gobierno sólo ha concedido cinco indultos, concretamente a Carlos José Catalán Sánchez, Juan Antonio Alonso Santocildes, Ignacio Ugarte y Alfredo Orive Barredo -los cuatro condenados por delitos reivindicados en nombre de ETA Militar-, y al ex polimili Juan Ignacio Bilbao Gauna. Recientemente, la justicia puso en libertad provisional a los también ex polimilis Juan Antonio Tolosa Lasa y Juan Aguirre Aurrekoetxea, Txangurro.

El traslado, notificado el pasado jueves a la dirección de la prisión de Alcalá-Meco, se efectuó sobre las 11.30 horas, sin grandes despliegues de seguridad. Los 15 presos, que desde la tarde de ayer se encuentran en Nanclares de la Oca, son los ex polimilis José Alcocer Gabaldón, Jesús Butrón Unibaso, Jesús María Aranzábal Urrestarazu, Juan Carlos Uriarte Ayo, Santiago Lopetegui Zabaleta, Juan Bicandi Iturbe, Baltasar Calvo Gabete, Juan Gregorio Eguskizaga, Jesús María González Armendáriz, Gregorio Manso Martija, Enrique San Juan Aguiriano, Roberto Sanz Riego, José Luis Gutiérrez García y Alberto Mendiguren Abendibar y el ex mil¡ Jesús Guaresti Etxebarría.

Asistió al entierro

El pasado jueves, el Ministerio de Justicia autorizó el traslado individual del también ex polimili KoIdo Amézaga Mendizábal a la prisión de Martutene, en San Sebastián, debido al fallecimiento de su padre, que recibió sepultura el viernes. A Amézaga le fue permitido ir a su domicilio y reunirse con sus familiares, decisión "que en muy pocas ocasiones se ha adoptado con un preso condenado por delitos de terrorismo", según fuentes penitenciarías. Las mismas fuentes señalaron que "ello confirma el gesto de buena voluntad existente en el Gobierno en relación a este tipo de presos que han renunciado a la lucha armada".

Es muy posible que Amézaga Mendizábal sea autorizado la semana entrante a regresar a su domicilio para poder reunirse de nuevo con sus familiares, especialmente con algunos de ellos a los que no pudo ver en las horas en que fue excarcelado. Durante el tiempo que estuvo fuera de la prisión, Amézaga estuvo acompañado de cuatro inspectores del Cuerpo Superior de Policía, y su comportamiento fue "extremadamente correcto", según fuentes policiales. ,

El traslado a la penitenciaría de Naclares de la Oca de los presos acogidos a la vía de reinserción social era uno de los compromisos adquiridos meses atrás por los responsables del Ministerio del Interior con los representantes del Gobierno vasco. En un encuentro que sostuvieron el pasado mes de enero, José Barrionuevo, titular del departamento, y el senador Joseba Azkárraga, se acordó que este tipo de presos salieran de la prisión de Herrera de la Mancha, donde inicialmente se encontraban.

Estos presos habían sido concentrados en Herrera de la Mancha a consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno (endurecimiento del trato penal) contra las distintas ramas de ETA y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) por los asesinatos del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios y del médico de la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz), Alfredo Jorge Suar Muro.

Sin embargo, pocos meses después, tras intensas gestiones por parte del defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, y del senador Joseba Azkárraga, Barrionuevo decidió trasladar a estos presos a la prisión de Alcalá-Meco, como paso intermedio a su definitiva ubicación en cárceles vascas.

En aquella ocasión, concretamente en febrero, el ministro del Interior comunicó a los responsables vascos que un traslado directo desde Herrera de la Mancha a Nanclares de la Oca podría ser rentabilizado políticamente en las elecciones vascas, que se celebraron en febrero, por lo que se acordó aplazar la definitiva ubicación de los presos en prisiones vascas y se buscó un lugar intermedio, en este caso la prisión de Alcalá-Meco, en cuyo módulo 2 fueron alojados estos presos.

Este traslado coincide con las gestiones que días pasados ha realizado en Madrid el senador Azkárraga, que se entrevistó con el defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, y mantuvo contactos con altos cargos de la Administración, entre ellos responsables penitenciarios. Azkárraga está intentado agilizar los trámites para la concesión del indulto particular a estos presos, paralizado por el paréntesis estival.