Las Administraciones locales y autonómicas controlarán el 70% de la licitación de obra pública

La contratación de obras públicas por las comunidades autónomas y corporaciones locales pasará a representar, en 1986-1987, el 70% del total de licitación, lo que supone la inversión en los términos que se producían en el modelo de Estado centralizado, según un informe elaborado por la Agrupación Nacional de Constructores de Obras Públicas (ANCOP). El volumen de obra pública licitada por el grupo asciende a unos 190.000 millones pesetas. Este sustancial cambio de las instituciones decisorias en la construcción de obra pública significa que en los próximos años la Administración central controlará el 30% de la inversión; las comunidades autónomas, el 50% y las corporaciones locales, el 20% restante.

Sin embargo, en las cúpulas de las empresas constructoras existe una seria preocupación por la forma en que se está desarrollando el proceso autonómico. La mayor preocupación hace referencia a los retrasos experimentados en el pago de las certificaciones de las comunidades autónomas que resultan ser superiores en un 27% a los de la Administración central.

El presidente de Ancop, Enrique Aldama, presidió ayer una conferencia de prensa en al que señaló que el traspaso de competencias estaba suponiendo que liquidaciones y revisiones de precios que estaban ya preparadas para su pago o aprobación por parte del departamento central, han quedado paralizadas. Asimismo, señaló que algunas comunidades con transferencias recibidas hace más de seis meses en materia de vivienda prácticamente no han aprobado económicamente casi ningún expediente. Aunque con menor incidencia, también expresó su preocupación por las condiciones discriminatorias impuestas por algunas comunidades autónomas o corporaciones locales para empresas asentadas en otras áreas del territorio español, frente a las que tienen su sede en la propia comunidad autónoma.

Ante esta situación los constructores han señalado la conveniencia de que "las comunidades autónomas realicen un rápido aprendizaje de la praxis administrativa ya que el proceso de inversión pública es complejo y puede verse estrangulado por la inexperencia". En este sentido, se insiste en la necesidad de una estrecha colaboración y trasvase de funcionarios entre la Administración central y las comunidades autónomas para asegurar la fluidez en los traspasos y la eficacia en la gestión. El fracaso en este terreno será un fracaso comprometido por las dos administraciones implicadas.

En esta misma línea, el presidente de la agrupación precisó que "la autonomía político administrativa no tiene sentido si no existe una autonomía financiera real". En opinión de la Ancop, la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) no está cumpliendo con los objetivos que el legislador se propuso al no asegurar la suficiencia financiera de estos entes territoriales".

Caída de la licitación

En el curso de la conferencia, representantes de Ancop manifestaron su preocupación por el futuro del sector que "a su juicio está atravesando la peor crisis de toda su historia, detectándose una continua caída a lo largo de los últimos 10 años". Las mismas fuentes han señalado que en dicho período la actividad del sector decreció en un 19,2% en pesetas constantes frente a un crecimiento del Producto Interior Bruto del 15,6%. En el caso de Cataluña, la caída generalizada de la licitación pública ha sido del 24,9%. Los datos disponibles de 1984 señalan para el primer semestre una caída de la actividad que se cifra en un 9% respecto a igual período de 1983. Teniendo en cuenta las previsiones para el resto del año, se estima que en 1984 el sector caerá como mínimo un 5% en pesetas constantes, con lo que la actividad se situará al nivel de la que se desarrollaba en 1966/67.

Por otra parte, Enrique Aldama insistió en la situación de crisis por la que atraviesa el sector a causa del atraso de pagos de la Administración que adeuda unos 60.000 millones de pesetas a las empresas agrupadas en Ancop lo que permite estimar por extrapolación en unos 150.000 millones de pesetas la deuda total de la Administración las empresas constructoras.

En los últimos 10 años, el sector ha perdido cerca de 500.000 puestos de trabajo, de los cuales, 110.000 se han destruido en el último año y medio.