El presidente de la Diputación de Barcelona pide la suspensión de funciones del director general de la Caixa de Catalunya

El presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Dalmau, cursó ayer sendos escritos a la Generalitat -que ostenta las competencias sobre órganos rectores de las cajas- solicitando que abra expediente disciplinario al director general de la Caixa de Catalunya, Joan Bilbao, y que le suspenda en sus funciones, como medida cautelar; que suspenda la asamblea general extraordinaria convocada para el próximo día 19; que restablezca en el cargo de presidente a Josep Lluís Sureda; y que se le tenga como parte interesada en el procedimiento abierto sobre el tempestuoso consejo del 18 de septiembre. Los escritos de Dalmau se deben a que la diputación es la fundadora de la caja y garantiza estatutariamente su solvencia.

En el primer escrito, dirigido al conseller de Economía y Finanzas, Josep Maria Cullell, Antoni Dalmau solicita Ia apertura de un expediente disciplinario al director general, Joan Bilbao y, como medida cautelar, la suspensión de sus funciones, según indica una nota oficial emitida por la diputación. Bilbao ha tenido un papel relevante en toda la crisis desatada en la entidad desde el pasado 18 de septiembre, día en que 11 vocales del consejo de administración decidieron la destitución del presidente Josep Lluís Sureda. En el mismo escrito el titular de la diputación pide también la suspensión de la asamblea general extraordinaria convocada para el día 19 por los consejeros partidarios del director general para reformar el artículo 64 de los estatutos, que establece que el presidente de la caja debe ser elegido entre los ocho consejeros representantes de la diputación. Dalmau considera esta convocatoria nula de pleno derecho, basándose en que "de acuerdo con la normativa aplicable, los estatutos de la caja sólo pueden modificarse por la asamblea a propuesta de la diputación, con la posterior ratificación del órgano de la Administración pública competente".

El escrito de la diputación se acompaña de un dictamen de 96 páginas elaborado sobre el caso por el catedrático de Derecho Mercantil Rafael Jiménez de Parga.

Reponer a Sureda

El segundo escrito, dirigido al director general de Política Financiera del mismo departamento, Josep Morist, solicita que se tenga a la diputación como parte interesada en el procedimiento administrativo abierto en relación a la sesión del consejo de administración de la caja del 18 de septiembre. Siguiendo las conclusiones del dictamen de Jiménez de Parga, indica el comunicado, se señala la "improcedencia de aquellos acuerdos, así como de los que posteriormente el mismo sector de consejeros ha ido adoptando en otras sesiones celebradas irregularmente", como la misma convocatoria de asamblea general que ahora se impugna y otras destituciones. En el mismo escrito, Antoni Dalmau solicita que "con la máxima urgencia" se normalice, conforme a derecho, la composición y funcionamiento de los órganos rectores de la caja, "restableciendo en sus cargos a quienes han sido ilegítimamente desposeídos de los mismos, especialmente al presidente, Josep Lluís Sureda.

La argumentación jurídica en que se basan estas peticiones parte tanto de la legislación general aplicable a las cajas de ahorro, como de la consideración de los estatutos y naturaleza particular de la Caixa de Catalunya, caja de fundación pública. Así, el extenso dictamen de Jiménez de Parga concluye que Sureda "debe ser repuesto en su cargo que ostenta legítimamente, y debe procederse a revisar los actos y acuerdos realizados y/o adoptados" desde la reunión del 18 de septiembre. Y ello porque el consejo de administración es un órgano de naturaleza "colegial" y "deliberante", lo que obliga, según el jurista, a que un eventual acuerdo suyo de destitución del presidente deba, para ser válido, reunir los siguientes requisitos: convocatoria válida del consejo; que la propuesta de cese figure "expresamente, de manera clara e inequívoca" en el orden del día; que haya "justa causa" y que concurra una doble mayoría de consejeros, la mayoría de los 21 y la de los representantes de la diputación, dado su papel protagonista en esta caja pública. Ello, indepedientemente de que la asamblea general pueda en algunos casos cesar al presidente. Los requisitos, indica el dictamen, no se han cumplido en este caso, e incluso hay algún voto "radicalmente nulo", como el de Eulalia Santasuana, quien, al parecer, mantiene vinculaciones económicas con la caja.

Quizá el aspecto más novedoso del informe jurídico, de cara al inmediato futuro, sea su conclusión sobre la "nulidad radical de la convocatoria" de asamblea general para el día 19, al producirse con ella un "auténtico atropello a los derechos" de la corporación fundadora, por la irregularidades habidas. La asamblea general es el órgano que puede modificar los estatutos, a propuesta de la diputación. Dicha facultad "tiene como límites generales el respeto a la ley, así como al espíritu y finalidades" de la entidad y a la "necesaria vinculación que debe existir" entre caja y diputación. Por ello "una decisión de la asamblea general que implique desligar absolutamente a la entidad de la corporación fundadora, tampoco sería aceptable".