La delegación de hacienda denunció ayer ante el juzgado de guardia el fraude descubierto en la Aduana de Barcelona

La Delegación de Hacienda de Barcelona presentó ayer una denuncia con A número de diligencia 102.324 en el juzgado de guardia sobre los presuntos delitos cometidos en el fraude descubierto en la Aduana de Barcelona. Paralelamente, el Ministerio de Hacienda realizará una auditoría sobre su propia actuación para esclarecer el alcance de los presuntos fraudes. El balance provisilonal de las irregularidades descubiertas en Barcelona registra más de 40 falsificaciones en los libros de la aduana, por un valor superior a los 800 millones de pesetas; tres empresas en situación legal de suspensión de pagos; la destitución del administrador; la desaparición del ex jefe de contabilidad y la grave situación creada en varias empresas importadoras que se verán obligadas a pagar por segunda vez los aranceles ya satisfechos.

Es muy probable que sea la Intervención General de la Administración del Estado quiene realice la inspección. La decisión de realizar una auditoría sobre una actividad tan propia de un departamento de Hacienda como es la recaudación de tributos ha causado sorpresa en medios próximos a la aduana porque "evidencia la ineficacia de los servicios de inspección" del ministerio. A medida que han transcendido algunos detalles sobre la facilidad para cometer los presuntos fraudes e irregularidades, la Dirección General de Aduanas ha ordenado una investigación exhaustiva. La inquietud ha invadido a las autoridades tras averiguar que cualquier funcionario provisto de un fechador y que tenga acceso a los libros oficiales puede dar la conformidad de los pagos, con la simple impresión de una fecha. Hay que tener en cuenta que la Aduana de Barcelona ingresó unos 150.000 millones de pesetas en 1983, lo que representó el 35% del conjunto español.

Tras las investigaciones efectuadas en la Aduana barcelonesa, la Administración ha comprobado que esta facilidad para defraudar simulando ingresos no efectuados, amparándose en los rutinarios y artesanales sistemas de control, es extensiva a otros departamentos de la administración tributaria.

Las mismas fuentes han señalado que hasta la fecha todo el sistema de control se concentraba en un reducido número de personas que actuaban como verdaderos virreyes en sus dependencias, ya fuera una aduana, una delegación de Hacienda o cualquier otra sede de la administración tributaria. El deficiente sistema de control era reemplazado por la presencia de un jefe al que se investía de la máxima autoridad.

Falló la inspección

En el caso de surgir irregularidades como las recientemente descubiertas toda la carga de la responsabilidad caía exclusivamente en el administrador. En este sentido, la destitución de José Cristóbal Ponce como administrador de la aduana barcelonesa ha obedecido a que la dirección general estimó que se había excedido en sus funciones. En los mismos medios ha sorprendido que la sanción no alcanzase a los responsables de controlar las funciones del administrador. Se refieren a la Inspección de Servicio, cuyos funcionarios tienen la misión específica de controlar la actividad recaudatoria. En estos medios se resalta la incapacidad de este servicio para efectuar su cometido, ya que el verdadero grado de especialización de algunos de sus responsables radicaba más bien en la vigilancia ideológica sobre funcionarios progresistas. La mayor contradicción se produce ahora, cuando la nueva Administración, abrumada por el descubrimiento de fraudes e irregularidades, se ve obligada a efectuar una auditoría para suplir la ineficaz actividad inspectora. Medios profesionales critican la lentitud de la máquina administrativa, pues han sido necesarios el transcurso de meses para que los hechos fueran puestos a disposción judicial.