El montepío de pensionistas textiles acumula deudas por valor de 2.000 millones

A 2.000 millones de pesetas asciende la deuda del Montepío Textil de Enfermedades por asistencia prestada a pensionistas del sector mediante conciertos con hospitales públicos. La entidad, responsabilizada desde 1981 de la asistencia sanitaria al sector, en sustitución de la Seguridad Social, se encuentra en situación económica crítica y sus beneficiarios podrían quedar desatendidos, si no se articula su traspaso urgente al sistema general, según fuentes fiables. El pasivo acumulado, además, ha provocado importantes dificultades financieras a siete hospitales municipales de Cataluña.

De "operación fallida para privatizar la Seguridad Social" califica la situación del Montepío Textil un informe elaborado conjuntamente por los gerentes de los siete hospitales municipales principalmente afectados por la quiebra técnica de la entidad. Fallida, sobre todo, porque la asistencia a este sector de pensionistas, sustitutivo de la Seguridad Social, no se produce, como en el resto de mutualidades de este tipo, desde antes de la creación del sistema general. Al contrario, el Montepío, integrado primero en la Seguridad Social, volvió a asumir la asistencia sanitaria de los pensionistas textiles en 1981. En ese año, un decreto gubernamental de la última época de UCD, estableció que desde abril el Montepío Textil se responsabilizaría directamente de la asistencia sanitaria a pensionistas textiles y a éstos se les cambió la cartilla de beneficiario de la Seguridad Social por otra de la entidad. El hecho provocó un considerable revuelo en las zonas de tradición textil, sobre todo en Cataluña, y sirvió, según un informe elaborado por los gerentes de los hospitales, a modo de ensayo, para intentar demostrar que la asistencia podía realizarse a menor coste. A los pocos meses, sin embargo, el Montepío empezó a demorar sus pagos.

Los pensionistas se sintieron perjudicados, ya entonces, por la medida: no podían acudir a hospitales y ambulatorios de la Seguridad Social y, en la asistencia primera, se producían meses de demora para las consultas o eran citados en horas marginales, incómodas para la clientela privada. La Generalitat prometió intervenir en el asunto si la asistencia se degradaba. Una reunión en la que intervino la Generalitat para templar los ánimos acabó de forma insólita. Uno de los pensionistas presentes afirmó que "los señores del Montepíño me han invitado a una opípara comida, rogándome que dijera después que estaba contento con la asistencia".

Los firmantes del estudio sobre las deudas y situación jurídica del Montepío son Javier Niño, gerente del hospital municipal de Santa Maria y Sant Andreu de Manresa; Antoni Cortada, del hospital comarcal de Sant Joan de Déu de Martorell; Josep Maria Teniente, del hospital de Sant Jaume de Mataró; Santiago Marimón, del hospital, del hospital Mare de Déu de la Salut de Sabadell; Joan Costa, del hospital de Sant Llàtzer de Terrassa y Josep Maria Brunet, del hospital comarcal de Vilafranca del Penendès.

Liquidar el activo

La estructura municipal y la dimensión mediana de estas instituciones públicas, obligadas por sus estatutos a prestar asistencia benéfica, han ocasionado que sean precisamente las más afectadas por los impagos que, en algunos casos, amenazan seriamente su funcionamiento interno. Prueba de ello es que los hospitales privados concertados con el Montepío ya han dejado, en su mayor parte, de atender a pensionistas del ramo textil. Los hospitales municipales, en cambio, reclaman a la Generalitat el trasvase de los pensionistas a la Seguridad Social y la apertura de negociaciones para liquidar el activo de la entidad y el cobro de las deudas contraídas. La titularidad pública del Montepío Textil es uno de los principales escollos para su liquidación mercantil. En efecto, la entidad, al igual que el resto de sus homónimas de otras ramas laborales, fue creada en 1943 como entidad de previsión social. Fue, como las demás de su clase, entidad colaboradora del Seguro Obligatorio de Enfermedad desde 1944 hasta 1966, año en que la mayoría de pensionistas pasó a depender del Instituto Nacional de Previsión (posteriormente, Insalud). Pero, al contrario que otras mutualidades y entidades gestoras, no quedó absorbida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 1978 y se rige todavía por la ley fundacional de 1941.

Su estructura directiva, según los gerentes hospitalarios, es la propia de los años de su fundación. En 1983, pasó a depender íntegramente de la Generalitat de Cataluña, ante cuyo Departamento de Sanidad y Seguridad Social los responsables de las instituciones sanitarias afectadas reclaman el pago de las deudas contraídas con ellos a través de la asistencia concertada. Los gerentes señalan que, paradójicamente, la "operación Montepío", dirigida a iniciar la privatización de la sanidad laboral, la están pagando hospitales que ya han demostrado que lo que sí resulta más eficiente es la institución pública, no mastodóntica y de gestión descentralizada".