La 'democracia futbolística' en la Caixa de CataIunya

Dentro de pocas semanas entrará en las Cortes el proyecto de ley sobre órganos rectores de cajas de ahorros, que pretende democratizarlos. Con algunos. recortes sobre el primer borrador, tendentes a satisfacer a los actuales admistradores de las cajas, el proyecto resulta innovador sobre todo en tres aspectos: acaba con el poder de los directores generales de vetar las decisiones de los consejos de administración; incrementa la presencia en los órganos de gobierno de las corporaciones locales; y otorga mayor importancia a las funciones de la comisión de control. En el regateo consensuador entablado entre el Ministerio de Hacienda y los directivos de la Confederación Española de Cajas (CECA), Hacienda ha salvado lo esencial de su proyecto, pero los cajeros han conseguido limar ligeramente el poder de las comunidades autónomas sobre las entidades, limitar el incremento de la representación municipal en sus órganos rectores y, sobre todo, la modificación de la transitoria cuarta, de forma que la primera renovación según la nueva normativa, sea sólo parcial, y no total, como se preveía inicialmente . Siempre en las transitorias radica el quid de la cuestión. Si por un lado el proyecto se ha modificado pensando en que la renovación parcial asegura mejor la continuidad y estabilidad de estas instituciones financieras, -casi las únicas que apenas han dado problemas- por otro, entre los partidanos de la reforma cunde la sensación de, que la continuidad, aunque sea parcial y temporal, equivale a continuismo, no sólo de las virtudes, sino también de los defectos. Entre los defectos, el mayor es el llamado "caciquismo de los aparatos", como denominan los reformistas al efecto combinado del poder omnímodo del director general y de la existencia de la llamada democracia futbolística o elección por compromisarios como sistema de constituir la asamblea general (equivalente a la junta de accionistas), organismo que elige al consejo de administración. Este "caciquismo" pervive desde la reforma operada en 1977 por el decreto Fuentes, que mejoró la situación anterior, mediante, precisamente, la elección de los miembros de la asamblea general por compromisarios designados mediante sorteo.

Aquella reforma, sin embargo, quedó en muy poco. En las dos elecciones realizadas desde entonces -en 1978 y 1982- los impositores fueron la carne de cañón y el caldo de cultivo de las candidaturas promovidas desde la línea ejecutiva de cada caja. En la práctica, la renovación de cargos afectó apenas a la mitad de los miembros de los órganos de gobierno de las 79 cajas (ver EL PAIS del 13-XII-1982). Muchos de los puestos destinados a los impositores en las asambleas generales recayeron en altos empleados de las entidades, lo que queda prohíbido en el futuro por el artículo 7 del actual proyecto de ley. La pervivencia del sistema de representación de los impositores por sorteo en la futura ordenación, aunque limitado por el mayor contrapeso de las representaciones municipales, requerirá de una mayor vigilancia para evitar la desnaturalización de la nueva ley.

Científicamente inexplicable

Un ejemplo característico de la desnaturalización del decreto Fuentes, y que ayuda a explicar la crisis de organigrama desatada en las últimas semanas, es lo sucedido en la Caixa de Catalunya. La Asamblea General de la entidad, -órgano del que emanan el consejo de administración y las comisiones de control y de obras sociales- se compone de de 142/146 consejeros: 28 de los cuales los nombra la Diputación de Barcelona, como entidad fundadora; cinco representan a organizaciones culturales; ocho son elegidos por el personal, uno es el director general y los restantes 100/104 proceden de los impositores. Los 100 consejeros son elegidos por 2.000 compromisarios designados entre los impositores por un sorteo en demarcaciones mediante el sistema que analizamos en pieza adjunta. ¿Cuál es el resultado más sintomático de las elecciones/sorteo de 1979 y 1982 en esta caja? De los 100 consejeros elegidos por los 2.000 compromisarios -para ser consejero es requisito haber sido designado compromisario por la suerte- 12 repitieron mandato en 1982, y 10 resultaron ser empleados -en general, altos empleados- de la entidad. Dos fenómenos que rompen todas las reglas de la estadística. El desglose de ambos, es aún más sintomático. De los 12 repetidores, cuatro ocupan puestos en los más altos órganos rectores: J. J Genís d´Arana y Albert, Vallvé Navarro figuran en la comisión de control; Josep Maria Alegret Tondio está en la de obras sociales; y Joan Frutos Serra es una de las últimas incorporaciones al consejo de administración, en la renovación del mes de julio que rompió el equilibrio anterior favorable al presidente Josep LIuís Sureda.

La repetición ofrece algunas coincidencias que rompen toda regla matemática, y sobre las que nadie ha pedido formalmente una investigación. En efecto, de los 12 elegidos por segunda vez (es decir, designados compromisarios por sorteo por segunda vez y luego elegidos por los otros compromisarios como consejeros generales, esto es, miembros de la asamblea general) tres repiten en la -demarcación del Tarragonés -en el bien entenido de que son cuatro las plazas de esta demarcación-. Son Joan Recasens Ventosa y los ya citados Vallvé y Alegret. Tres (Trinitat Bonell, Joan Frutos y Purificación García) repiten por el Barcelonés -teniendo en cuenta que las plazas son cuatro-; uno de los dos de Osóna, Fermí Tañá, también repite, y hacen lo mismo, dos (Genís d´Arana y Antoni Viñals) de los cinco correspondientes al Garraf. Entre los 100 representantes de los impositores figuran también 10 empleados de la caja, nueve de los cuales son delegados de oficina y altos cargos. Un hecho científicamente inexplicable, si se tiene en cuenta que en la entidad hay 1.250.000 impositores y sólo 2.000 empleados. Inexplicable, pero cierto. En base a él la asamblea general cuenta con una fuerza disciplinada en tomo a la cúpula de la línea ejecutiva y al director general de la entidad, Joan Bilbao.