Un complejo proceso jurídico
Madrid La expropiación del grupo Rumasa ha desencadenado una larga serie de actuaciones judiciales. Ambas partes, la familia Ruiz-Mateos y la Administración, han utilizado todos los recursos jurídicos a su alcance ante las instancias más diversas.Por parte de¡ industrial se han presentado tres recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo: en demanda del reconocimiento del derecho de reversión en la reprivatización de Rumasa, sobre habilitación de fondos para hacer frente a los gastos de justiprecio y contra el acuerdo del Consejo de Ministros de reprivatizar el Banco Atlántico.
Ante el Tribunal Constitucional se han interpuesto dos recursos de amparo, contra el Real DecretoLey de Expropiación y contra el auto de procesamiento de Ruiz-Mateos dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Asimismo, se ha planteado un interdicto ante el Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid para recobrar la posesión de los bienes y derechos de Rumasa.
El Ministerio Fiscal presentó querella contra Ruiz-Mateos por posibles delitos monetarios, de control de cambios, falsedades contables, apropiación indebida de impuestos y estafa a la Seguridad Social, así como por presuntas operaciones ilegales de divisas, por las que el juzgado exigió a Ruiz-Mateos 100.000 millones de pesetas de fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias. En relación con este último procedimiento, la Audiencia Nacional le declaró en rebeldía.
El gobernador y subgobernador del Banco de España presentaron otra querella por injurias y calumnias a raíz de las declaraciones hechas por el ex presidente de Rumasa en Londres. En enero de este año, el fiscal inició un proceso contra el empresario por un presunto delito de injurias contra el jefe del Estado.
