Mario Fernández acusa a la dirección del PNV de mantener contradicciones

El vicepresidente del Gobierno vasco, Mario Fernández, desafió ayer a la dirección del PNV al afirmar que los. criterios que mantiene ion contradictorios respecto a la ley de Territorios Históricos. Después del silencio mantenido durante las últimas semanas en tomo a la interpretación de la futura ley que deberá regular las competencias económicas entre el Gobierno vasco y las diputaciones.

Desde que un polémico documento de la ejecutiva del PNV saltó a la palestra el pasado 15 de Septiembre, el Gobierno vasco había eludido pronunciarse en relación a su contenido, entre otras cosas porque las negociaciones continuaban produciéndose entre los miembros del Consejo de Finanzas vasco y la dirección del partido. Sin embargo, las declaraciones efectuadas ayer por Mario Femández, amén de la rotundidad de sus afirmaciones, hacían pensar que los intentos de aproximación habían quedado rotos y que, en consecuencia, los desacuerdos deberán ser presentados, como es preceptivo, en el Parlamento vasco para ser sometidos a votación.

El vicepresidente del Gobierno vasco, nada más finalizar su intervención en una comisión parlamentaria en Vitoria, declaró que "el acuerdo del Consejo de Finanzas se tendría que lograr sobre la ley de Territorios Históricos aprobada en el Parlamento vasco, y este Gobierno no puede llegar a ningún acuerdo mientras que el Parlamento no autorice otra cosa que suponga una modificación del contenido de la ley de Territorios Históricos o una modificación de los criterios aprobados por las respectivas asambleas del PNV que culminaron a principios de año en Zarauz".

'Zancadilla'

El Consejo de Finanzas vasco, que se reunirá el próximo lunes, está integrado por tres miembros designados por el Gobierno vasco y otros tres de las diputaciones forales, que deberán elaborar un dictamen sobre los criterios de reparto de competencias entre el Gobierno y esas corporaciones. La dirección del PNV, por su parte, que insiste en su papel de árbitro entre el Gobierno vasco y las diputaciones, se mantiene en la tesis expuestas en el documento, mediante las cuales las diputaciones tienen capacidad para intervenir en aquellos asuntos que sean de interés general para sus territorios. Tal afirmación fue interpretada por la mayoría de observadores como una zancadilla al Gobierno vasco que, por otra parte, está de fendiendo una ley que no es de su total agrado, ya que, en la elaboración de su proyecto, el Gabinete de Carlos Garaikoetxea tuvo que ceder en favor de las diputaciones provinciales debido a las presiones ejercidas por la dirección de su partido.